El derecho a la protesta no puede vulnerar la libertad de los demás

Lo sucedido hoy, con la interrupción total del corredor en el sector de La Agustina, es una grave violación a los derechos fundamentales de miles de personas que no participan en las protestas, pero que terminan siendo rehenes de una dinámica ilegítima y cada vez más frecuente.

La Constitución es clara: la vía no se bloquea

El artículo 37 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la protesta pacífica, pero este mismo derecho encuentra límites cuando afecta los derechos de los demás. La Corte Constitucional ha sido reiterativa en señalar que la protesta social no puede, bajo ninguna circunstancia, anular la libertad de locomoción (artículo 24), el derecho al trabajo, el acceso a la salud ni la seguridad alimentaria de quienes transitan por este corredor vial.

Hoy, cientos de ciudadanos están atrapados, sin alimentos, sin acceso a servicios básicos, expuestos a la inseguridad y a la incertidumbre, todo por decisiones que no les competen, ni les incluyen. ¿Hasta cuándo vamos a seguir normalizando que unos pocos, por más justas que sean sus causas, vulneren los derechos de las mayorías?

El deber ineludible de la autoridad

El Estado colombiano, en cabeza del Gobierno Nacional, la Policía y las autoridades regionales, tiene el deber constitucional de garantizar el orden público y proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, no solo de quienes protestan. Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza y dentro del marco legal para desbloquear la vía Panamericana y restablecer la movilidad en este eje esencial del país.

El llamado es claro: la protesta debe canalizarse por medios que no vulneren a los demás. El Estado no puede seguir siendo un espectador complaciente mientras la vía Panamericana se convierte en un peaje de presión y chantaje social. La autoridad que no hace cumplir la ley, la debilita.

Las víctimas invisibles

Detrás de cada bloqueo hay historias de dolor que pocos cuentan: madres que no pueden llevar a sus hijos al médico, pequeños empresarios que ven arruinadas sus entregas, conductores que pierden días de trabajo, ciudadanos comunes atrapados sin respuesta. Esos son los verdaderos afectados y es por ellos que hoy alzamos la voz.

No es justo que quienes no participan en la protesta terminen pagando un precio tan alto. El derecho a la protesta no incluye el derecho a bloquear. No es protesta, es imposición. No es pacífica, es violenta cuando afecta la vida y la integridad de terceros.

Desde Periódico Virtual hacemos un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, a la Policía Nacional y a las autoridades locales para que cumplan su deber constitucional y procedan al desbloqueo inmediato de la vía Panamericana. La ciudadanía no puede seguir atrapada entre la indiferencia estatal y las vías de hecho.

El Cauca necesita soluciones estructurales, pero también necesita respeto por la ley y por los derechos de quienes solo quieren vivir, trabajar y transitar en paz.

Hoy más que nunca, Colombia necesita autoridad, no permisividad. Necesita garantías para todos, no privilegios para unos pocos.

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Llamado a la acción

Comparte esta editorial si estás de acuerdo en que la protesta sí, pero los bloqueos no. Es hora de defender la Constitución y los derechos de todos.