El fallo contra Uribe es un espejo: ¿y tú, a quién sigues?

Lo que debe quedarnos claro a todos los colombianos es que la justicia, con todos sus defectos y limitaciones, sigue siendo uno de los pilares esenciales de la democracia. Y aunque la democracia no es perfecta, porque al elegir por mayorías no siempre se elige al más preparado, al más ético ni al más comprometido, sigue siendo el mejor mecanismo que tenemos para corregir el rumbo. El problema, entonces, no es el sistema en sí, sino cómo lo estamos usando… o permitiendo que lo usen.

En territorios como Popayán y el Cauca, lo sabemos bien: desde que se instauró la elección popular de alcaldes y gobernadores, las maquinarias han impuesto nombres que, en la práctica, han demostrado poca o nula capacidad para transformar la realidad de nuestras comunidades. Se elige con el estómago o el bolsillo, rara vez con la cabeza. Y lo que es peor, se reelige el clientelismo, la mediocridad y el oportunismo disfrazado de liderazgo.

Frente a este panorama, la reciente condena contra el ex presidente Álvaro Uribe Vélez. apelable, sí, pero firme por ahora, no debería verse como una victoria de unos sobre otros, sino como una oportunidad para entender lo profundo del problema: la casta política. Esa que durante décadas ha hecho del poder una herramienta de acumulación personal, no de servicio público.

Colombia no saldrá adelante cambiando de caudillo en caudillo. El país no necesita más mesías, necesita instituciones fuertes y ciudadanos conscientes que dejen de seguir hombres y empiecen a defender causas. Porque los líderes pasan, pero los principios deben permanecer. Y porque el poder, cuando no se vigila, corrompe hasta al más santurrón.

Mientras los ciudadanos no comprendamos que el verdadero cambio nace desde el voto informado, desde la ética cotidiana, y desde exigir cuentas a quienes gobiernan, seguiremos atrapados en este ciclo perverso de idolatrías políticas que destruyen más de lo que construyen.

Un ejemplo claro de ese abuso institucional lo vivimos en Popayán, con la entrega sistemática de varios servicios públicos a manos privadas, avalada por quienes han gobernado y por concejales al servicio de intereses particulares. Sin lugar a dudas, en esta ciudad cada vez que pagamos servicios públicos con tarifas absurdamente altas, confirmamos una realidad dolorosa: esas tarifas no reflejan eficiencia ni justicia social, sino un modelo perverso en el que unos pocos se enriquecen parasitando el esfuerzo de las mayorías. Eso no es desarrollo, es esclavitud moderna con apariencia legal.

Por eso, desde este medio hacemos una invitación contundente: es hora de repensar el Estado. Debemos aspirar a una estructura más ágil, más transparente y con menos políticos viviendo del sistema. Que el Estado no sea botín ni refugio de mediocres. Que vuelva a ser herramienta de equidad, no de privilegio.

Colombia necesita menos política corrupta y más ciudadanos despiertos. La sentencia contra Uribe no soluciona todos nuestros males, pero envía una señal poderosa: nadie está por encima de la ley. Que Dios permita que, algún día, esa misma premisa se cumpla también en las urnas.

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