El “Firmón” y su feria fantasma: la historia que podría costarle la libertad a otro alcalde
La administración de Juan Carlos 'El Pollo' López sigue haciéndole daño a la gestión de Juan Carlos Muñoz, a través de la participación activa de tres contratistas y del actual secretario de la DAFE, heredados del gobierno anterior.
Contrato con destino incierto: Fiscalía investiga a funcionarios de Popayán por presunto peculado. Feria equina financiada con recursos públicos de Popayán se realizó en Sotará. Fiscalía, Contraloría y Procuraduría abren investigaciones. ¿Otro alcalde en riesgo de terminar tras las rejas?
El contrato interadministrativo No. 20241800037477, celebrado entre la Alcaldía de Popayán y la Asociación de Criadores de Caballos del Cauca (ASDECCA), por valor de 80 millones de pesos, tiene hoy en jaque a varios funcionarios de la administración del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. El motivo: la presunta ejecución irregular de una feria agropecuaria que, aunque financiada con recursos del municipio de Popayán, se realizó en jurisdicción de Sotará, vulnerando principios legales y constitucionales.
La Fiscalía General de la Nación abrió la Noticia Criminal 190016000601202517106, con estado activo, por el presunto delito de peculado por aplicación oficial diferente (artículo 399 del Código Penal). El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2024 y fue asignado a la Fiscalía 04 Seccional de Popayán el pasado 12 de mayo.
¿Quiénes están implicados?
La denuncia penal menciona con nombre propio a:
- Iván Darío Arturo Pabón, secretario DAFE.
- Francisco Otoya, coordinador UMATA.
- Paola Jiménez, jefe jurídica.
- Néstor Barbosa, jefe de proyectos de la Secretaría DAFE.
Según la denuncia, estos funcionarios habrían ignorado una alerta pública hecha el 3 de diciembre de 2024 por Periódico Virtual sobre las irregularidades del contrato, y aun así procedieron con la liquidación del mismo, firmada el 9 de diciembre y certificada con acta de recibo a satisfacción el 13 de diciembre.
Alexander Casas Prado
Lo que dice la ley
El artículo 399 del Código Penal establece sanciones de prisión de hasta 54 meses para servidores públicos que desvíen recursos del Estado a usos distintos a los autorizados por la ley o el presupuesto. En este caso, la feria estaba pactada para realizarse en Popayán, pero fue trasladada al criadero Santa Rosa, en Sotará. Esto, señala la denuncia, “desvió los beneficios económicos a otra jurisdicción en perjuicio de la economía local de Popayán”.
¿Qué más revela la denuncia?
- El lugar escogido no tenía acceso a transporte público ni condiciones para recibir a los supuestos 300 productores agrícolas, cuya participación no se pudo verificar en los registros del contrato.
- Se habrían usado facturas de una empresa llamada JJA Producciones, que no estaría certificada en transporte intermunicipal.
- No hay evidencia documental de productos exhibidos ni de transporte habilitado.
- Se configuraría además el delito de falsedad en documento público por la certificación de cumplimiento de un contrato que no se ejecutó conforme a lo pactado (artículo 287 del Código Penal).
¿Popayán sin escenarios?
La justificación dada por los contratistas fue que Popayán no contaba con escenarios aptos para la feria, argumento desvirtuado por el denunciante, quien enumera espacios como La Jota, ubicado en la vía a Jardines de Paz, o el criadero equino de la vereda Calibío, ambos con condiciones suficientes y acceso a rutas de transporte.
¿"El Firmón" de los contratistas?
Uno de los elementos más graves es el señalamiento de que el secretario DAFE es llamado internamente “El Firmón”, insinuando que firma sin mayor análisis lo que le imponen los contratistas. Esto comprometería su autonomía funcional y revelaría un entramado de presión interna al interior de la Secretaría DAFE.
¿Por qué importa esto?
- Se investigan delitos penales graves que, de comprobarse, podrían derivar en sanciones disciplinarias, fiscales y judiciales, incluso contra el alcalde Juan Carlos Muñoz.
- Se vulnera la autonomía municipal al ejecutar contratos fuera del territorio local sin justificación técnica válida.
- Podría haber un patrón de contratación indebida, poniendo en riesgo el patrimonio público y la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal.
Popayán ya vivió la experiencia de ver a un exalcalde condenado. Hoy, una mala decisión, disfrazada de feria agropecuaria, podría repetir la historia. La justicia deberá actuar con celeridad y los organismos de control, con firmeza. El dinero de los payaneses no puede seguir pagando contratos con destino incierto.
