El fracaso del estatismo en Colombia: una oportunidad para abrazar las ideas de la libertad

Con una inflación que repunta al 5,1 %, un peso en constante depreciación, un crecimiento estancado y una deuda pública que ya bordea el 62 % del PIB, Colombia enfrenta las consecuencias de haber apostado durante años por un Estado cada vez más grande y menos eficiente. Esta situación no es exclusiva del actual gobierno; varios gobiernos anteriores han contribuido al crecimiento desmedido de la burocracia estatal. Como resultado, la corrupción se ha enquistado en múltiples áreas del servicio público, incluyendo la salud, la DIAN, la infraestructura, el sector energético y los servicios públicos, donde unos pocos se enriquecen a costa del trabajo y el sacrificio de las mayorías.

Vaya si en Popayán y el Cauca sabemos lo que significa pagar el costo de esta situación: la entrega sistemática de servicios públicos entregados a privados que, amparados en monopolios, abusan descaradamente de los usuarios a través de tarifas desproporcionadas. Obviamente, esto no es liberalismo ni libre mercado; es una corrupción disfrazada que castiga a quienes trabajan y produce riqueza solo para unos pocos privilegiados.

Pese a los discursos oficiales, la evidencia empírica no deja espacio para el autoengaño: la pobreza, la informalidad y el desempleo persisten, mientras la inversión privada languidece ante una administración que ha intentado, sin éxito, concentrar más poder y más recursos bajo su control.

El fracaso de la política económica actual encuentra su explicación en lo que desde hace más de un siglo ha advertido la Escuela Austriaca de Economía: donde el Estado crece desmedidamente, la libertad se erosiona, los precios se distorsionan y el progreso se detiene.

Colombia no es una excepción. El intento fallido de una nueva reforma tributaria en 2024, el crecimiento desbordado del gasto público, y la incapacidad para generar confianza, reflejan un diagnóstico claro: el modelo de un Estado omnipresente, promovido por el progresismo de Gustavo Petro, no solo no ha resuelto los problemas de fondo, sino que ha abierto la puerta a mayores niveles de corrupción, como lo confirma el Índice de Percepción de Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, en el que Colombia apenas alcanza 39 puntos sobre 100, sin avances frente a años anteriores.

La solución, según el pensamiento austriaco, es radicalmente opuesta:

• Dinero sano, evitando expansiones monetarias irresponsables.
• Gasto público limitado, con presupuestos equilibrados y cero déficit estructural.
• Apertura comercial real, sin proteccionismos que encarezcan la vida de los ciudadanos.
• Impuestos simples y bajos, que fomenten la inversión y el emprendimiento.

Casos como Irlanda, que con una tasa de impuesto corporativo del 12,5 % alcanzó uno de los PIB per cápita más altos del mundo; Estonia, que tras liberalizar su economía se convirtió en líder digital de Europa; Chile, que entre 1985 y 2000 redujo su pobreza a menos de la mitad gracias a reformas de libre mercado; o Singapur, que con baja intervención estatal se consolidó como una de las economías más competitivas del planeta, demuestran que es la libertad, y no el intervencionismo, el camino hacia la prosperidad.

En Colombia, sin embargo, todavía no se vislumbra un liderazgo político genuino que proponga y defienda estas ideas con la convicción necesaria para transformar el país. Falta un proyecto que abrace sin complejos los principios del libre mercado, la competencia, la propiedad privada y la responsabilidad individual como motores del bienestar colectivo.

Mientras tanto, el desafío recae en la ciudadanía: exigir reformas basadas en la evidencia, rechazar el populismo y entender que no hay progreso sostenible sin libertad económica. De lo contrario, Colombia seguirá atrapada en el círculo vicioso de promesas incumplidas, frustración social y crecimiento mediocre.

La historia enseña que los pueblos que eligen ser libres, eligen también ser prósperos. ¿Podremos hacerlo nosotros?