El Gobierno de Milei se desliga de la huida de Flávio Bolsonaro y la atribuye a un simple trámite fronterizo

Después de dos días de silencio, el Ejecutivo de Javier Milei salió a dar su versión sobre el polémico paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino en su fuga hacia Estados Unidos. El oficialismo sostiene que se trató de un movimiento migratorio regular y niega haber colaborado de forma activa, aunque las evidencias que rodean el operativo apuntan a un respaldo político de alto nivel.

El encargado de romper el hermetismo fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Desde Rosario, donde brindó una conferencia de prensa este jueves 29 de octubre, el funcionario intentó bajarle el tono al escándalo y reducirlo a una cuestión administrativa.

Según Santilli, tanto el ingreso como la partida del senador del Partido Liberal se realizaron dentro del marco legal y sin ningún tipo de alerta en los sistemas. "Entró con toda la documentación en regla y se fue en un vuelo también habilitado, bajo las mismas condiciones", afirmó. Y argumentó que sobre el brasileño no pesaba ningún requerimiento internacional: "No tenía impedimentos, no había una alerta de Interpol. Si una persona entra sin restricciones y se retira sin restricciones, eso fue lo que ocurrió. Migraciones lo autorizó porque no había ninguna inhabilitación".

La reconstrucción oficial difundida por la Dirección Nacional de Migraciones precisa que Bolsonaro, junto a su familia, cruzó a la Argentina a las 22:50 del martes con "documentación hábil y sin impedimento legal alguno". Apenas cuarenta minutos después, a las 23:30, abordó en el aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, una aeronave privada de la firma Baires Fly S.A. con destino a Miami, con una escala previa en Guayaquil, Ecuador.

El argumento oficial choca con un dato central: la medida cautelar dictada por la justicia brasileña era de público conocimiento. El magistrado había ordenado la retención de sus pasaportes y le prohibía expresamente abandonar Brasil en el marco de una causa por presunto lavado de activos. A pesar de ello, las autoridades argentinas no realizaron consultas con Brasilia y habilitaron sin objeciones el tránsito.

La actitud contrasta con la política de mano dura que la administración libertaria ha exhibido en materia migratoria, con miles de expulsiones y rechazos en frontera en los últimos dos años. Incluso, contradice un decreto firmado por el propio Milei en 2025, que incorporó como causal para denegar el ingreso al país el hecho de ocultar que se poseen pedidos judiciales vigentes en el exterior.

El punto más opaco del episodio es el operativo desplegado en Misiones. De acuerdo a distintas fuentes y crónicas periodísticas, Bolsonaro llegó a la terminal aérea custodiado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En el lugar habría estado el asesor presidencial Santiago Caputo, el hombre que maneja en las sombras los resortes de la inteligencia oficial y que no posee un cargo formal en el organigrama. Las mismas versiones indican que Caputo no estaba solo y que lo acompañaban individuos vinculados a agencias estadounidenses, país que finalmente recibió al senador tal como había anticipado Donald Trump.

Caputo rechazó haber estado en Puerto Iguazú esa noche. Sin embargo, el diario La Nación reveló que fue interceptado en un control de rutina por la Policía de Misiones a las 2:50 de la madrugada del miércoles, a bordo de una camioneta con chapa diplomática que regresaba desde la zona del aeropuerto.

El caso ya escaló al plano político y judicial. Bloques opositores que van desde el peronismo hasta la izquierda reclamaron que el Gobierno rinda cuentas por la asistencia brindada y pidieron citar de urgencia al Congreso al jefe de Gabinete y a los ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores. El pedido se extendió también a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, donde se solicitó un informe detallado sobre el accionar de Migraciones, la seguridad aeroportuaria, la aviación civil y la ex AFI.

En paralelo, al menos tres diputados y senadores radicaron denuncias penales para que se investigue si hubo irregularidades en el cruce fronterizo y en la estadía exprés del dirigente brasileño. En ese marco, la jueza federal María Eugenia Capuchetti le exigió este jueves al Ejecutivo que informe si existía alguna restricción vigente para el ingreso de Bolsonaro y ordenó preservar todas las grabaciones de las cámaras de seguridad del paso fronterizo, del puesto migratorio y de la aeroestación misionera.

El trasfondo diplomático agrava la situación. Milei no solo hizo campaña abierta a favor de Bolsonaro durante la contienda presidencial brasileña del domingo pasado, en la que resultó derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, sino que ha protagonizado reiterados agravios contra el mandatario petista y aún no ha emitido un reconocimiento oficial del resultado electoral. La facilitación de la salida del senador ultra a través de suelo argentino amenaza con dinamitar por completo el ya debilitado vínculo bilateral entre Buenos Aires y Brasilia.