El negocio no cambia: Quipux seguirá ganando y los payaneses seguiremos perdiendo
Aunque las cámaras aún no se reactivan oficialmente, el millonario negocio de las fotodetecciones continuará bajo el mismo modelo privatizado que ha favorecido a terceros por años.
Las promesas de recuperar este servicio para lo público, hechas por dos alcaldes, vuelven a quedarse en el papel.
Un audio viral que circuló esta semana a través de WhatsApp desató el pánico entre conductores de Popayán, al afirmar que las cámaras de fotodetección ya estaban funcionando con nuevas sanciones por pisar la cebra, pasarse semáforos en rojo o exceder la velocidad. Aunque la Alcaldía desmintió buena parte de esta información, lo realmente preocupante no es el contenido del audio, sino lo que confirma entre líneas: el negocio sigue, Quipux sigue, y la promesa de devolverle este servicio a la ciudad fue, otra vez, una ilusión.
Juan David Ortega
¿Qué es cierto y qué no?
La Secretaría de Tránsito Municipal aclaró que las cámaras aún no han sido reactivadas oficialmente, aunque sus licencias ya fueron renovadas. También desmintió que vayan a sancionar por pisar cebras o semáforos en rojo: las infracciones que se sancionarán, una vez estén activas, se limitarán a tecnomecánica vencida, SOAT vencido y pico y placa.
Pero más allá del alcance de las sanciones, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: el sistema de fotodetección continúa en manos de la empresa privada Quipux, bajo un esquema que genera jugosas utilidades para la firma y deja a Popayán con apenas el 20 % de los ingresos del recaudo.
Un negocio que nunca benefició a la ciudad
El contrato de concesión ha sido reiteradamente cuestionado. Concejales del actual período han solicitado revisar o incluso terminar el convenio, tras evidenciar que el 80 % de las ganancias viajan a Medellín, donde está domiciliada Quipux, y solo el 20 % permanece en Popayán.
Además, los problemas técnicos, errores en notificaciones y los procesos jurídicos derivados de demandas y tutelas deben ser asumidos por el municipio, mientras la empresa se limita a facturar. Es decir, Popayán pone la cara y los costos legales, pero recibe las migajas del negocio.
Peor aún, el contrato está hoy bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, en el marco del proceso judicial contra el exalcalde Gómez, a quien se le imputaron cargos por presuntas irregularidades en un contrato de tránsito por 4 mil millones de pesos. La Fiscalía sostiene que el negocio debió hacerse mediante licitación pública, pero se ejecutó como un contrato interadministrativo con EMTEL, que luego subcontrató a Quipux.
Promesas vacías de dos alcaldes
El exalcalde Juan Carlos López Castrillón prometió en campaña recuperar el servicio de tránsito para lo público, pero al llegar al cargo se escudó en la “obligación contractual” y no movió un solo dedo para desmontar el modelo heredado.
El actual alcalde, Juan Carlos Muñoz Bravo, repitió el mismo discurso en su campaña como independiente: devolver los servicios públicos a la ciudadanía. Sin embargo, todo indica que seguirá validando un contrato que desfavorece a la ciudad, manteniendo intacto un sistema que prioriza el lucro sobre el interés general.
¿Y el Concejo Municipal?
El Concejo actual del Municipal de Popayán, tiene una deuda pendiente. Si bien algunos concejales han alzado la voz recientemente, el reto es mayor: exigir de forma contundente la revisión del contrato, su viabilidad legal y económica, y sentar una postura firme para recuperar este servicio estratégico que bien podría estar generando recursos para mejorar vías, movilidad y seguridad vial.
Al final, parece que en Popayán las únicas cámaras que sí funcionan son las que facturan... porque las que deberían vigilar la ética y el interés público, esas sí están fuera de servicio hace rato