El suboficial payanés Dubán Felipe Astaiza Zambrano asesinado por el Clan del Golfo
El militar será despedido por sus familias y amigos en medio de una celebración religiosa que se adelantará en Popayán.
Sobre las 6:17 p. m. del pasado 19 de agosto se confirmó que en enfrentamientos que sostiene el Clan del Golfo y unidades del Ejército Nacional en la vereda Montefrío del municipio de Segovia (Antioquia) el cabo tercero Dubán Felipe Astaiza Zambrano fue asesinado, que estaba como agregado en unidad de la Séptima División.
Según el Ejército, las tropas fueron atacadas mientras cumplían la misión de garantizar la seguridad de los habitantes de la vereda Arenales y Rancho Quemado, que han sido víctimas de desplazamientos forzados por esta banda criminal.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, rechazó el asesinato y en X (antes Twitter), mando un mensaje de solidaridad a los familiares del cabo Astaíza Zambrano y pidió que pare la guerra.
El Ejército dispuso de un equipo de acompañamiento interdisciplinar a la familia del cabo Astaíza Zambrano y anunció que interpondrá las denuncias respectivas ante la Fiscalía y reiteró que no pararán las operaciones militares en el nordeste antioqueño hasta dar con el paradero de los asesinos del uniformado.
El asesinato del cabo Astaíza Zambrano y los tres uniformados que resultaron heridos en el corregimiento de Puerto Rico del municipio de Argelia (Cauca), en medio de una operación de desminado se dan un día después de que se confirmara el secuestro de los soldados Edwer Paz Pantoja y Nelson Vásquez Reina en la vereda La Herradura del municipio de Cumbitara al oriente del departamento de Nariño por parte de las disidencias de las Farc.
Plan de choque para atender fenómenos delincuenciales en Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
El 19 de agosto, en Pasto (Nariño) el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró un consejo de seguridad en el que anunció un plan de choque para atender fenómenos criminales y proteger la vida de los colombianos en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en coordinación entre autoridades civiles y uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
“Se hizo un seguimiento a los compromisos que se habían adquirido desde el pasado 24 de junio, que venían desarrollándose en estos meses y que tienen que ver con la situación de seguridad, la represión a las organizaciones armadas ilegales, el control, la persecución que se tiene y que es la disposición del Presidente de la República para afectar las economías ilegales”, dijo el ministro al terminar el consejo de seguridad
Durante más de seis horas, el ministro Velásquez junto a los altos mandos de la fuerza pública y los comandantes de la región analizaron acciones para atender el recrudecimiento de la violencia en el sur del país que a la fecha deja cerca de 350 familias desplazadas en municipios como La Llanada y Samaniego.