El tristemente célebre expresidente Álvaro Uribe Vélez, pasó de la mano firme a ser condenado por la justicia
Estas son las razones para que el exmandatario purgue una pena domiciliaria de doce años. Es una decisión judicial de primera instancia.
La jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, condenó a 12 años de prisión domiciliaria al expresidente y líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose en el primer exmandatario de los colombianos juzgado por la justicia.
El monto de la pena se conoció este viernes 1 de agosto, a través de un fallo 1.114 páginas en contra del expresidente.
Además de la pena privativa de la libertad, Uribe fue condenado a pagar una multa de más de $3.444 millones (equivalente a 2.420 salarios mínimos) y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un poco más de ocho años.
Lo que encontró probado la jueza Heredia es que Álvaro Uribe sabía sobre la búsqueda de testigos en las cárceles del país para intentar favorecerse con sus testimonios. Para establecer esto, fue clave el abogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra en mitad de un juicio para establecer si realmente ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con paramilitares.
Además, la jueza Heredia avaló como prueba las interceptaciones realizadas a los teléfonos de Uribe y Cadena, en las que, para ella, quedó demostrado el plan para ofrecer beneficios a los testigos, para que estos entregaran versiones falsas que favoreciera al exmandatario.
Asimismo, consideró válidos el intento de Cadena para manipular a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, un exparamilitar al que Cadena pagó con beneficios económicos a cambio de su testimonio. El propio “Víctor”, confirmó que el abogado pagó $26 millones, un monto mucho menor del pactado y por eso decidió cambiar su versión de los hechos.
Lo mismo habría ocurrido con la exparamilitar Eurídice Cortés, alias “Diana”, a quien Cadena le pidió grabar un video para favorecer a Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. En medio de todo esto proceso, el expresidente fue absuelto por el delito de soborno.
La defensa de Uribe ya anunció que va a apelar todo el fallo y ese recurso lo revisará el Tribunal Superior de Bogotá. A las dos de la tarde de este mismo viernes 1 de agosto, las partes del proceso se encontrarán en una nueva audiencia en la que la jueza Heredia individualizará la pena contra Uribe y emitirá la orden de captura en su contra.
El fallo de culpabilidad contra Uribe es histórico. Se trata de la primera vez que un expresidente colombiano enfrenta una condena penal, a lo cual se suma que durante su gestión hubo recurrentes cuestionamientos por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, además de la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia documenta 6.402 «falsos positivos», campesinos o indígenas que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por el Ejército Nacional. A menudo eran trasladados bajo engaño o coacción a zonas de conflicto armado, los asesinaban, les «sembraban» armas a la escena y luego los presentaban como presuntos guerrilleros que murieron en combate.
La mayoría de estas más de 6.400 víctimas se ubican durante el periodo en que Uribe fue presidente y una cuarta parte de los asesinatos ocurrió en el departamento de Antioquia, del cual fue gobernador.
Las investigaciones de la JEP revelaron que dentro de las FF.AA. se aplicó una política de incentivos -con ascensos, vacaciones y otros premios- para efectivos y oficiales que presentaran la mayor cantidad de «bajas en combate». Esta postura devino política institucional, ampliamente conocida e impulsada por altos mandos.
Exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Ever Veloza declararon bajo juramento sobre corredores, pactos locales, protección territorial y coordinación con autoridades para consolidar el control paramilitar en regiones como Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe. Incluso, mencionaron directamente a Uribe en el contexto de relaciones político-territoriales para mantener el dominio armado de zonas y estimular las economías ilícitas del narcotráfico.