El violento contexto que hay detrás del secuestro del niño Lyan José Hortúa

Ya las autoridades están enteradas de que el secuestro del niño Lyan José Hortúa Bonilla, registrado el pasado 3 de mayo en Jamundí, Valle del Cauca, no fue un caso más de la inseguridad que se registra en el país, sino un acto del mundo del narcotráfico que amenazó con poner en jaque a toda la región del suroccidente del país.

En la última semana, varias fuentes judiciales, entre las que se encuentran altos oficiales de la Policía Nacional y organismos de derechos humanos locales e internacionales, que monitorearon el caso, y todos llegan a la misma conclusión: “No pudimos hacer mucho porque era un tema de una antigua deuda entre narcos”.

De hecho, este jueves 22 de mayo, la Policía Nacional le confirmó que tiene en su poder esta información y que la está consolidando con las distintas agencias que luchan contra el narcotráfico.

De acuerdo con los testimonios de las fuentes judiciales,  al pequeño no se lo llevó la disidencia Jaime Martínez con fines extorsivos, sino que ese grupo criminal al parecer cumplía una orden del poderoso capo Diego Rastrojo, quien habría pagado para secuestrar a Jorsuar Suárez, padrastro de Lyan, o a Angie Bonilla, su mamá.

A pesar de esto, los criminales que fueron enviados para cometer el hecho, al no ubicar a ninguno de los dos, se llevaron al menor de apenas 11 años. “Todo fue un error”, dijeron los integrantes de este grupo armado al margen de la ley.

Pero lo que inicialmente fue una equivocación, terminó después en un escenario perfecto para Diego Rastrojo y sus cómplices: Colombia clamaba la liberación del niño y la madre, Angie Bonilla, quien conoce muy bien a Los Rastrojos por dentro, terminó accediendo a las pretensiones económicas para la liberación del niño.

La cifra a pagar superaba con creces los 37 mil millones de pesos y es producto de una supuesta deuda que esa familia tiene con Diego Rastrojo, uno los entonces capos del Cartel del Valle.

Y es Angie Bonilla, presuntamente, habría sido testaferra del extraditado capo, así como de su expareja sentimental y padre de Lyan, José Leonardo Hortúa, quien al parecer era conocido con el alias Mascota y el heredero de Diego Rastrojo. Este último fue asesinado en Cali en el año 2013, poco antes del nacimiento del niño.

De acuerdo con la versión en poder de las autoridades, alias Mascota y Diego Rastrojo habrían dejado dinero y propiedades lujosas a cargo de Angie Bonilla. Pero con la muerte del primero y la captura —y extradición— del segundo, ese botín presuntamente pasó a otras manos.

Todo transcurrió en calma hasta que Diego Rastrojo habría mandado a pedir cuentas con el retorno al Valle del Cauca de varios de sus poderosos lugar teniente. “La plata y los bienes no estaban”, revelaron fuentes cercanas a la investigación.

Ante ese supuesto desfalco, Los Rastrojos habrían contratado a la disidencia Jaime Martínez, de las Farc, para secuestrar al padrastro o la madre de Lyan con el fin de presionar el pago de esa deuda. Pero los inexpertos delincuentes terminaron llevándose al niño de su lujosa casa campestre en Jamundí.

El secuestro de Lyan no solo mantuvo en vilo a Colombia entera, sino que generó una sacudida, de las que hace mucho tiempo no se presentaban en la historia nacional, en las más altas esferas del mundo criminal en el Valle y otras regiones del país.

Fuentes buscaron intermediación de personajes como Pipe Tuluá, alias Alacrán, Guacamayo, todos presos y pesos pesados del narcotráfico en esta zona del país, pero no fue posible encontrarle una salida.

De acuerdo con las autoridades judicial, los grandes capos del Valle decidieron mantenerse neutrales en esta disputa, pero sí habrían llamado a Los Rastrojos para que se le respetara la vida al menor; asimismo, se comunicaron con la familia de Lyan.

“Ellos le dijeron que no se podían meter, que lo único que podían hacer es velar por la vida del niño, pero la plata se debía pagar completa”, señala uno de los funcionarios judiciales que investigan el caso.

De hecho, por intermediaciones desde diferentes cárceles del país, a la familia de Lyan se le permitió hacerle llegar un medicamento esencial para la salud del niño, y también que hubiera un puente de comunicación a través de videollamadas.

Este último dato fue confirmado por el mismo padrastro, Jorsuar Suárez, a las afueras de la clínica privada Fundación Valle del Lili en la noche de este miércoles: “Sí, hablamos en un par de ocasiones. A él lo tuvieron amarrado los primeros cuatro días”, aseveró.

Y luego lanzó una respuesta polémica a una pregunta que nadie le estaba haciendo: “Contrario a lo que se ha dicho, yo soy un hombre legal. Tengo mi empresa de joyería hace 12 años y todo es legal”.

Incluso, por intermediaciones desde diferentes cárceles del país, a la familia de Lyan se le permitió enviar un medicamento esencial para la salud del niño, y también que hubiera un puente de comunicación a través de videollamadas.

Este último dato fue confirmado por el mismo padrastro, Jorsuar Suárez, a las afueras de la clínica Fundación Valle del Lili en la noche de este miércoles: “Sí, hablamos en un par de ocasiones. A él lo tuvieron amarrado los primeros cuatro días”, aseveró.

Y luego lanzó una respuesta polémica a una pregunta que nadie le estaba haciendo: “Contrario a lo que se ha dicho, yo soy un hombre legal. Tengo mi empresa de joyería hace 12 años y todo es legal”.

En las últimas horas, se conoció la historia detrás del secuestro del pequeño Lyan José Hortúa, registrado hace aproximadamente una semana. Varios medios de comunicación indagaron con varias fuentes y todas confirmaron la veracidad, incluso muchos medios no publicar esta historia supuestamente para no comprometer la vida de la víctima.

La información era de conocimiento de los integrantes de la Policía Nacional, por eso no hubo operativos de rescate en la zona, y esa también fue una de las razones para que algunos organismos de derechos humanos ordenaran a sus integrantes retirarse del caso y de la intermediación para la liberación del menor. “Aquí estamos hablando de pesos muy pesados del narcotráfico”, explicaron las fuentes.

Incluso, desde las autoridades se temió lo peor: “Si al niño le pasa algo, se nos cae la ciudad (Cali)”, puntualizó uno de los participantes en la mesa de rescate.

Alias Mascota, el padre biológico de Lyan, no era un desconocido en el mundo del hampa. Al contrario, su respeto y fama trascendió el país.

También apodado como el Mochacabezas, por su presunta participación en desmembramientos de cuerpos en el Valle del Cauca, especialmente en Tuluá, era el hombre más cercano y mano derecha de Diego Rastrojo. Él estaba llamado a liderar esa estructura criminal con la captura de su máximo cabecilla.

Sin embargo alias Mascota fue capturado en 2010 en una finca cercana a la ciudad de Pereira, entre Valle y Risaralda, pero un juez le otorgó el beneficio de casa por cárcel y tres años después fue asesinado cuando estaba en una cita odontológica en el sur de la ciudad de Cali.

Su principal fortín era Tuluá y uno de sus pupilos era Andrés Marín, alias Pipe Tuluá, quien después fundó la banda La Inmaculada y puso en jaque a esa ciudad por varios meses con el plan pistola contra los integrantes de la Fuerza Pública y una redada de extorsión a todo nivel.

Pipe Tuluá hizo parte del primer anillo de Los Rastrojos junto a alias Mascota. Tenían una amistad y respeto mutuo.

El padre biológico de Lyan era cercano también a alias Alacrán y a alias Guacamayo, quien en 2020 fue recapturado.

“Todos ellos querían a Mascota y si hubiera existido un riesgo para la vida del niño, seguro habrían reaccionado, lo que habría generado un baño de sangre entre poderosos capos que todavía tienen el control en varias esferas criminales”, señaló una fuente cercana al proceso de liberación.

Muy temprano este jueves, la familia de Lyan salió a atacar a algunas personas que participaron en las mesas técnicas para la liberación del niño, incluso apuntaron hacia miembros del Estado. Sebastián Bonilla, tío del menor, denunció: “Muchas personas del Estado nos decían que había que negociar con ellos y eso fue lo que hicimos, porque no nos ofrecieron más soluciones que esa. Sentimos un total abandono del gobierno de Gustavo Petro”.

El hombre aseguró que tuvieron que pagar porque las autoridades no hicieron nada por su liberación. “Nosotros, al ver la poca eficiencia de la autoridad y con toda la zozobra de que le pudiera pasar algo, pagamos el rescate. El valor me lo reservo por seguridad del niño y de nosotros, pero nos vimos en la obligación de pagar un rescate [...]. En este momento nos dejaron endeudados”.

Sin embargo, lo que no contó Sebastián Bonilla, de acuerdo con la investigación de las autoridades, fue que ese dinero correspondía a una vieja deuda y no hacía parte de una extorsión cualquiera. La cifra pagada, cercana a los cuatro mil millones de pesos, sería el primer abono de la renta total que esa familia tendría con Diego Rastrojo.

También conoció que ese dinero fue pagado en efectivo en la zona urbana de Jamundí en la mañana del miércoles 21 de mayo.

Quien recogió la plata habría sido un emisario de la Jaime Martínez, quien luego se trasladó hasta el corregimiento Ampudia. Allí contaron uno a uno cada billete, dieron aviso al delegado de Los Rastrojos y luego llamaron a la Cruz Roja Internacional y a la Defensoría del Pueblo para liberar al niño.

Días antes, ese proceso de entrega del dinero fracasó. La Jaime Martínez les pedía al padrastro o a la mamá del niño subir hasta la zona rural alta de Jamundí, cualquiera de los dos, en un vehículo con dos ocupantes y hacer una especie de intercambio de secuestrados.

Pero la familia se habría negado y, como una medida desesperada, les pidieron a diferentes organismos que fueran ellos quienes llevaran los maletines cargados de dinero.

Dichas entidades se negaron, hubo cierta molestia y, finalmente, hace una semana se retiraron del proceso de intermediación por ese pedido que consideraron como una falta de respeto a la misión humanitaria de organismos como la Defensoría del Pueblo.