Elías Larrahondo, seis años después: ¿conmemoración o campaña anticipada?
A seis años de su histórica elección, el exgobernador Elías Larrahondo Carabalí reingresa al debate público en medio de la polémica generada por su reciente llamado a un “acto de infidelidad” y la conmemoración de su elección como gobernador del Cauca
El día de ayer, en un acto público realizado en el corregimiento de La Balsa y transmitido por Facebook Live, se conmemoraron los seis años de la elección de Elías Larrahondo Carabalí como el primer gobernador afrodescendiente del Cauca. Al evento asistieron el actual gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, el director de la CRC, Amarildo Correa, y el gerente de la Empresa Social del Estado (ESE) Suroccidente del Cauca, Johnny Dávila, entre otros servidores públicos y ciudadanos del común.
Las preguntas que muchos caucanos se hacen son: ¿cómo justificarán estos servidores públicos su misión oficial? ¿Cuál era la labor o función que debían cumplir en dicho evento? ¿conmemoración legítima o relanzamiento político en pleno clima de crisis y polarización departamental?
El “acto infiel” que encendió las alarmas
En la antesala de esta fecha, Larrahondo llamó públicamente a realizar un “acto infiel” para apoyar aspirantes en una consulta de otra colectividad, gesto que reavivó el debate sobre doble militancia. La conducta está regulada por la Ley 1475 de 2011, que prohíbe a directivos y elegidos respaldar candidatos distintos a los de su propio partido. La controversia quedó registrada en audio y fue difundida por medios nacionales, como w radio
Juliana Hernández
Claves legales
• La doble militancia puede configurar faltas disciplinarias o sanciones políticas según el caso concreto y las autoridades competentes (CNE/Procuraduría).
El exgobernador Elías Larrahondo Carabalí, cuyo lema de gobierno fue “42 Motivos para Avanzar”, deja tras de sí un historial de gestión cuestionado. Según denuncias de diputados, de 37 obras contratadas en los últimos meses de su administración, solo 9 fueron terminadas y 27 quedaron suspendidas o paralizadas. Para diversos sectores, esto constituye un agravio a la confianza ciudadana y a la ética pública.
En el ámbito político, Larrahondo es señalado como hábil en la maniobra, pero poco efectivo para la ciudadanía. Su propio discurso de “infidelidad”, presentado como una ruptura frente al miedo y la servidumbre de las élites tradicionales, terminó interpretándose como una traición a sus propias bases de apoyo. El exgobernador admitió públicamente un “acto de infidelidad política” al llamar a votar por candidatos de otro partido (Yessid y Ferney Silva) durante una consulta interna, lo que podría configurar una infracción a la normativa sobre doble militancia, asunto que correspondería dilucidar a las autoridades competentes.
La crítica más severa apunta a la gestión de las divisiones internas del departamento: Larrahondo ha sido señalado de profundizar fracturas raciales y étnicas, dejando un Cauca “fracturado”. Su plan de gobierno fue interpretado por detractores como una revancha territorial, donde la reivindicación de unas regiones habría significado castigos para otras, en especial Popayán, la capital. Se afirma que la ciudad fue deliberadamente excluida de inversión social y de infraestructura, “ni una sola moneda de $100 pesos” desde la Gobernación, según esas voces, una conducta vista como mezquindad disfrazada de equidad, contradictoria con su propósito declarado de un proyecto “incluyente, grande y amplio, que invita a la unidad”.
La indignante ausencia de liderazgo actual
Resulta cuestionable que, en medio de una de las peores crisis de seguridad y orden público del Cauca, el actual gobernador Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez, considerado político aliado y sucesor de Larrahondo, participe en un evento que, para sus críticos, busca el reencauche de su mentor. El departamento exige liderazgo para enfrentar la ola de violencia, los homicidios, los desplazamientos forzados, los secuestros (incluido el de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación) y las emergencias ambientales. La ciudadanía espera que el Gobernador priorice la agenda pública sobre cualquier interés político. Su presencia en actos de tinte partidista, mientras el territorio atraviesa una situación crítica, erosiona la confianza institucional y evidencia desconexión con la realidad.
La misma observación se extiende al director de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), Amarildo Correa Obando. Su nombramiento es presentado por detractores como producto de un cálculo político para consolidar una red de favores. Se califica su gestión como una “caída libre administrativa y ambiental”, con una ejecución física del Plan de Acción del 53%, el nivel más bajo en 12 años, según esas denuncias, y recursos sin ejecutar. Para críticos y veedurías, la CRC habría operado como botín político y trampolín clientelista, en detrimento de su misión técnica frente a problemas urgentes como la minería ilegal y la deforestación. La presencia del director en un acto de índole personal y política refuerza la percepción de captura institucional por intereses partidistas.
El Cauca no necesita más discursos polarizantes ni figuras políticas que se reciclan a costa del sufrimiento de la región. Se requieren líderes que cumplan, que inviertan con equidad, incluyendo a Popayán, que respeten la legalidad y, sobre todo, que demuestren fidelidad a la gente, no a los cálculos electorales.
La memoria ciudadana será, esta vez, el verdadero acto de fidelidad con el Cauca.
Porque el límite entre memoria y proselitismo tiene implicaciones legales (doble militancia), éticas (uso del poder y de entidades técnicas) y prácticas: en un Cauca con homicidios, secuestros y emergencias, cada hora de gestión cuenta. Celebrar logros pasados es legítimo; convertir conmemoraciones en plataformas de campaña en un territorio en crisis, no.
La fecha del 27 de octubre recuerda un momento de representación y cambio en el Cauca. Seis años después, el desafío no es el aplauso fácil, sino la coherencia pública: que las conmemoraciones no opaquen la ley, que las entidades técnicas no se conviertan en botín y que la seguridad y la reactivación económica marquen la prioridad de la agenda.
Este medio insistirá ante la Procuraduría y el CNE para conocer si habrá actuaciones preventivas o disciplinarias frente a posibles irregularidades en participación en política o uso de recursos. (Seguiremos actualizando con respuestas oficiales.)
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