ELN confirma secuestro de dos funcionarios del CTI en Arauca
La Fiscalía confirmó que fueron secuestrados dos de sus funcionarios de la seccional de Arauca por parte del ELN en hechos ocurridos en el municipio de Fortul, este jueves 8 de mayo.
En un hecho que eleva la tensión en el departamento de Arauca y enciende las alarmas a nivel nacional, el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) confirmó este jueves el secuestro de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, ocurrido el pasado 8 de mayo en zona rural del municipio de Fortul.
Las víctimas, identificadas como Jesús Antonio Pacheco Oviedo, líder de la unidad de infraestructura y protección, y Rodrigo Antonio López Estrada, agente de protección, realizaban labores institucionales en la Fiscalía Local de Fortul y se desplazaban en un vehículo oficial hacia el casco urbano cuando fueron interceptados por integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN.
Mediante un comunicado público, el grupo armado reconoció la retención de los funcionarios junto con su armamento de dotación, anunciando que serán sometidos a un “debido proceso conforme a su normatividad interna”, sin ofrecer información clara sobre su estado de salud ni su paradero.
El hecho fue denunciado inicialmente por Juan José Guevara, vocero de Asonal Judicial Subdirectiva Arauca, quien exigió garantías para la vida de los secuestrados y su pronta liberación. La declaración fue respaldada por un amplio rechazo institucional.
El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, manifestó su repudio al secuestro y exigió respeto por la integridad de los servidores públicos. En la misma línea, el secretario de Gobierno, Nasser Cruz, solicitó la colaboración ciudadana para recabar información que permita dar con el paradero de los retenidos, bajo estricta confidencialidad.
El caso se suma a una serie de acciones violentas que siguen entorpeciendo los esfuerzos de paz en la región, en medio de una compleja situación de orden público que afecta gravemente a la población civil y a los funcionarios del Estado.