Quipux en Popayán: los concejales de 2016 que siguen y las respuestas que aún debe el control político
Tres concejales de 2016 siguen en sus curules. El debate sobre EMTEL-Quipux reabre dudas por recaudos, contratación y control político.
César Cristian Gómez Castro impulsó la autorización de 2016 que antecedió al contrato con EMTEL y la alianza con Quipux. Tres concejales de entonces siguen en la corporación; la sesión del 11 de noviembre reabrió el debate sobre ingresos, legalidad y vigilancia.
En Popayán parece más fácil convocar otro debate que resolver una controversia contractual que se arrastra desde hace casi una década. El 11 de noviembre de 2026, el Concejo Municipal volvió a examinar el modelo de servicios tecnológicos de tránsito operado mediante el contrato con EMTEL y su alianza con Quipux. Varios concejales cuestionaron los porcentajes de recaudo, las obligaciones de los operadores y las actuaciones de control.
La discusión tiene un antecedente que no puede omitirse: la autorización se promovió durante la alcaldía de César Cristian Gómez Castro, y tres concejales que integraban la corporación de 2016 ocupan curules nuevamente en 2026. Ese hecho no prueba cómo votaron, pero obliga a examinar las posiciones, las decisiones y la vigilancia ejercida durante todos estos años.
César Cristian Gómez Castro y el origen de la concesión
El 13 de julio de 2016, por iniciativa del entonces alcalde César Cristian Gómez Castro, llegó al Concejo un proyecto que se convirtió en el Acuerdo Municipal 014 del 2 de agosto de 2016. Los debates se realizaron el 23 y el 28 de julio. La corporación autorizó concesionar la modernización, implementación, gestión y operación de servicios tecnológicos de la Secretaría de Tránsito y Transporte, con un plazo de hasta 15 años.
El acuerdo fue firmado por Byron Mauricio Lema Ascuntar, entonces presidente del Concejo, y sancionado por el alcalde encargado Francisco Zúñiga Bolívar. La firma institucional del presidente no acredita, por sí sola, el sentido de su voto. La iniciativa política y administrativa correspondió a la Alcaldía de Gómez Castro.
En marzo de 2017, la Alcaldía celebró con EMTEL S.A. E.S.P. el contrato interadministrativo 5487. EMTEL estableció posteriormente una alianza estratégica empresarial con Quipux. La secuencia contractual figura en los antecedentes recogidos en la sentencia SP1857-2025 de la Corte Suprema de Justicia.
Hubo una iniciativa, una autorización política, un contrato interadministrativo y una alianza con un privado. Discutir hoy los resultados del modelo exige reconstruir las responsabilidades de cada etapa, no limitar el debate al nombre de Quipux.
Tres concejales de aquella época siguen en la corporación
Al comparar la integración del Concejo en 2016 con la de 2026 aparecen Marco Aurelio Gaviria Martínez, Nelson Andrés Sarria Almario y Yury Julián Ausecha Ordóñez. Gaviria ejercía como segundo vicepresidente de la corporación en 2016. Sarria ocupaba una curul durante los debates de julio de ese año, aunque posteriormente su elección fue anulada y dejó el cargo en 2017; regresó al Concejo en un periodo posterior.
Estar en el Concejo de 2016 no equivale a haber votado favorablemente. Las actas disponibles hasta ahora no permiten confirmar los votos individuales del Acuerdo 014. Para resolverlo se necesitan los registros de asistencia y votación de los debates del 23 y 28 de julio de 2016.
La pregunta de rendición de cuentas, sin embargo, sigue siendo pertinente: ¿qué posiciones asumieron entonces, qué alertas formularon y qué seguimiento hicieron a los contratos? En la sesión del 11 de noviembre de 2026, Sarria solicitó que la Secretaría de Tránsito respondiera a la Personería sobre la señalización de las cámaras. Gaviria y Ausecha fueron llamados a lista, pero la transcripción suministrada no registra intervenciones suyas en el debate de fondo sobre EMTEL y Quipux.
¿Qué ha conseguido el control político desde enero de 2024?
El presidente del Concejo, Daniel Leonardo Muñoz García, promovió la sesión y cuestionó el esquema económico del contrato. Pidió que la Contraloría examinara los porcentajes y la posible aplicación de la Ley 1843 de 2017. José Luis Diago Franco solicitó revisar cómo se escogió a Quipux. Jhon James Ortiz Martínez pidió contratos, estudios previos, modificaciones y auditorías. Silvia León Rivas reclamó sustento para los indicadores tecnológicos, y Diego Armando Guevara Bravo recordó las cargas administrativas y judiciales que asumiría el municipio.
Las intervenciones evidencian preocupación, pero también plantean una exigencia incómoda: el periodo actual comenzó en enero de 2024 y ya está cerca de completar tres años. Algunos concejales reconocieron que el asunto había sido discutido antes. Ortiz dijo que formula preguntas desde 2024, y Guevara señaló que se trataría de la tercera o cuarta ocasión en que hablaban del mismo problema.
Entonces, la cuestión no es si hoy pueden hacer control político, desde luego que pueden, sino qué resultados documentables ha dejado ese control. ¿Dónde están las respuestas a los requerimientos anteriores, las actuaciones de seguimiento, los informes definitivos y las medidas propuestas a la administración? Otra sesión puede ser necesaria, pero no sustituye el balance de lo conseguido hasta ahora.
Las cifras: más de $100.000 millones en tres registros de recaudo
La secretaria de Tránsito, Johana Pozo Chávez, presentó los recaudos por servicios y multas de las vigencias 2024, 2025 y 2026. Según los valores mencionados en la sesión, en 2024 se reportaron $32.433.733.441; en 2025, $33.773.982.775; y en 2026, $34.038.958.775. La suma de estos tres registros es $100.246.674.991. El dato de 2026 requiere precisar la fecha de corte y no representa el cierre de toda la vigencia.
Estos son ingresos por diferentes servicios y multas; no son exclusivamente fotomultas ni representan la utilidad de Quipux. La funcionaria informó distribuciones de 40 % para la Secretaría y 60 % para EMTEL en varios conceptos, entre ellos registros y detección electrónica, así como de 55 % y 45 % en registro de infractores. Los porcentajes mencionados deben leerse junto con las deducciones y pagos a terceros, y no deben confundirse automáticamente con el porcentaje neto que recibe Quipux.
Una investigación financiera exige revisar ingresos brutos, deducciones legales, costos, transferencias efectivas y pagos de la alianza EMTEL-Quipux. La discusión debe pasar de los porcentajes repetidos en discursos a los comprobantes y contratos que expliquen a dónde va cada peso.
El límite del 10 % no basta, por sí solo, para declarar ilegal todo el contrato
Muñoz García y otros concejales citaron el artículo 5 de la Ley 1843 de 2017, que limita al 10 % del recaudo la remuneración a la inversión privada para instalar y poner en funcionamiento sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones. La ley es posterior al acuerdo de 2016 y a la suscripción del contrato interadministrativo en marzo de 2017.
Además, las actividades de instalación y puesta en funcionamiento no son necesariamente equivalentes a operación, mantenimiento y otros servicios tecnológicos. Por eso, comparar el 10 % legal con todo el porcentaje que recibe EMTEL o Quipux no demuestra automáticamente una infracción. Debe verificarse cada componente del pago, la aplicabilidad temporal de las normas y las modificaciones del contrato. La legalidad del esquema sigue siendo materia de examen, no una conclusión que pueda imponerse antes de revisar los documentos.
El expediente judicial y las responsabilidades que no deben confundirse
La Fiscalía cuestionó aspectos de la contratación y vinculó penalmente a César Cristian Gómez Castro por presuntos delitos relacionados con la celebración de contratos. La Corte Suprema, mediante la sentencia SP1857-2025, condenó por prevaricato por acción al juez Rubén Darío Hurtado Gironza, en relación con una decisión judicial adoptada en el trámite de aquel proceso.
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La condena fue contra el juez: no constituye por sí misma una condena contra Gómez Castro ni una declaración de nulidad del contrato EMTEL-Quipux. Tampoco debe confundirse con la absolución de Gómez Castro del 1 de junio de 2026 en un expediente distinto, relacionado con un convenio cultural. El estado procesal actualizado del caso de tránsito debe verificarse en su expediente específico.
Personería, Contraloría y la actual administración: responsabilidades vigentes
El personero municipal, Iván Daniel Oviedo, advirtió en la sesión sobre posibles incumplimientos en la señalización de equipos de fotodetección y sobre el riesgo de litigios relacionados con multas. La secretaria de Tránsito respondió que los comparendos por velocidad asociados a las balizas en mantenimiento estaban suspendidos desde el 7 de agosto de 2026 e informó sobre las respuestas a los oficios de la Personería. Estas afirmaciones ameritan contraste con los registros de funcionamiento y de expedición de comparendos.
La gerente de EMTEL, Tatiana Ivet Moreno Palacios, defendió la infraestructura tecnológica y presentó niveles de disponibilidad de 98 % en 2024 y 2025 y 99 % en 2026. Los concejales solicitaron soportes de estos indicadores y más detalles sobre la custodia de la información y la alianza con Quipux. Por su parte, el contralor Juan Diego Marulanda Cerón anunció un estudio jurídico y técnico para determinar si existen elementos que permitan establecer una posible incidencia fiscal.
El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo no fue quien promovió el acuerdo ni suscribió el contrato original, pero su administración gobierna desde enero de 2024 y debe explicar qué vigilancia, revisiones y decisiones ha adoptado sobre un contrato en ejecución. Heredar el problema no equivale a crearlo; tampoco elimina la obligación de gestionarlo.
Popayán exige documentos y resultados, no solo indignación
Quienes promovieron el modelo deben responder por su origen; quienes lo autorizaron, por sus decisiones comprobables; quienes lo han ejecutado, por sus resultados; y quienes han tenido casi tres años para fiscalizarlo, por el balance de su control político.
Popayán no necesita que la defensa de los recursos públicos sea una actuación de temporada. Necesita transparencia, documentos y resultados. Porque el patrimonio de los ciudadanos no se protege solamente levantando la voz ante las cámaras.
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