En Argentina, docente se lanzan a las calles para protestar contra el gobierno de Javier Milei
La medida tiene como objetivo principal restablecer la remuneración de los docentes a los valores de noviembre de 2023, lo que implica una exigencia de incremento salarial del 43 por ciento.
La comunidad académica y docente de las 66 universidades nacionales de Argentina inició un paro de 72 horas que se extenderá desde este miércoles 12 de noviembre hasta el viernes 14 de noviembre.
La movilización fue convocada por los gremios docentes con mayor representatividad en el país, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, Conadu, y Conadu Histórica.
El reclamo es el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795), luego de que el Poder Ejecutivo eludiera la aplicación del rechazo al veto legislativo que había sido ratificado por una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
Las organizaciones gremiales acusan al Gobierno de Javier Melei de utilizar «argumentos falaces» sobre la ausencia de fondos, amparándose en la Ley N° 24.156 de Administración Financiera. No obstante, el Gobierno actuó de manera diferente en otros ámbitos. Un ejemplo es el Hospital Garrahan, donde se dispuso un incremento salarial del 61 por ciento para sus trabajadores.
Asimismo, señalan decisiones fiscales recientes que demuestran la existencia de margen presupuestario. Específicamente, citan la exención del pago de retenciones a las empresas cerealeras, una medida que implicó una disminución en la recaudación estatal de aproximadamente U$S 1.500 millones de dólares.
Los gremios de docente indican que la actualización exigida a los salarios y fondos de funcionamiento solo busca restablecer los haberes al nivel de noviembre de 2023, lo que implica un incremento salarial del 43 por ciento.
La situación ha trascendido el ámbito gremial, llevando a las propias instituciones a tomar cartas en el asunto. El Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, que agrupa a las universidades, ya anunció el pasado 22 de octubre que recurrirán a la justicia para exigir la aplicación de la Ley No. 27.795.
«Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley», denunció Franco Bartolacci, vicepresidente del CIN, destacando la legitimidad social y política de las normas en cuestión.
De no obtener una respuesta favorable, los sindicatos ya evalúan profundizar las acciones, incluyendo la posibilidad de la suspensión de la toma de exámenes y, como medida más extrema, el no inicio del ciclo lectivo 2026.
Mientras las organizaciones de docente avanzan con el paro, otras federaciones como la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, Fatun, , no docentes, y la Federación de Docentes de las Universidades, Fedun, , que agrupa a una representación minoritaria de docentes, alineadas con la Confederación General del Trabajo (CGT), decidieron mantenerse al margen a la espera de un diálogo con el gobierno nacional.