En Portugal, Tribunal de Apelación de Oporto avaló la extradición de ‘Papá Pitufo’ a Colombia

El Tribunal de Apelación de Oporto, Portugal, avaló la extradición a Colombia de Diego Marín, alias Papá Pitufo, rechazando los argumentos de persecución política presentados por sus abogados defensores.

Marín, capturado desde el 3 de diciembre de 2024, terminó con una legalización de su aprehensión tras una audiencia el 3 de febrero de 2025, donde manifestó su negativa a la extradición y se acogió a la regla de especialidad, que limita los cargos por los que puede ser procesado en Colombia.

El tribunal mantuvo su detención ante el alto riesgo de escapar, ampliándose por 80 días más en caso de apelación ante el Supremo Tribunal de Justicia.

El proceso de extradición podría retrasarse debido a una solicitud de asilo pendiente en Portugal, que podría tardar entre 80 y 100 días en resolverse. Marín enfrenta cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, corrupción y contrabando.

Y es que los abogados de ‘Papá Pitufo’ presentaron varios argumentos para intentar frenar su extradición. Por eso sostiene la defensa que la solicitud de extradición carece de fundamentos concretos y que la orden de captura en la que se basa fue revocada, lo que, según ellos, debería invalidar el proceso.

Además, han solicitado la suspensión del trámite, argumentando que Marín Buitrago enfrenta un riesgo de asesinato si regresa a Colombia.

Otro de los puntos clave en la estrategia de la defensa es la nacionalidad española que ostenta Marín Buitrago. Según los abogados, extraditarlo desde Portugal a Colombia violaría las normas de la Comunidad Europea.

Sin embargo, la Procuraduría General adjunta de Portugal rechazó estos argumentos, asegurando que no existen razones jurídicas para detener el proceso.

El caso también sacudió al gobierno de Gustavo Petro, al revelarse que uno de sus asesores habría recibido dinero de Marín para la campaña presidencial de 2022.

Petro ordenó devolver los fondos y grabar la devolución, mientras surgieron tensiones internas al conocerse que el exembajador Armando Benedetti se habría reunido con Marín, alimentando la tensión política.

Altos mandos de la Polfa facilitaban las operaciones ilícitas de Papá Pitufo.

Las informaciones sobre este caso también señala que la red contaba con la complicidad de varios integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), entre ellos el mayor Mario Andrés Sarmiento Rojas, quien en 2023 ocupaba el cargo de secretario privado del director de la Polfa y se encontraba en servicio activo.

Otros implicados incluyen al coronel retirado Alexander Galeano Ardila y al intendente José Heli Alzate Moncayo, alias Alejo, quien, según el documento, era responsable de distribuir los sobornos a policías y funcionarios.

Entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, se habrían llevado a cabo al menos 21 reuniones entre los miembros de la red y agentes de la Policía Nacional, 13 de las cuales incluyeron pagos de sobornos. Algunos de los policías involucrados actuaban como infiltrados para desmantelar la organización.

Uno de los cabecillas de la red, Juan Francisco Solano Barrera, alias Millos, aceptó su responsabilidad en los hechos, según detalla el documento judicial en poder de las autoridades. Este testimonio refuerza las acusaciones contra Marín Buitrago y otros miembros de la organización delincuencial.

El tribunal también menciona que los sobornos no solo se limitaban a pagos en efectivo, sino que incluían beneficios como viajes y lujosos vehículos. Estos incentivos habrían sido entregados a quienes ocupaban posiciones clave en la Polfa, permitiendo que la red operara con relativa impunidad durante un tiempo considerable.

Aunque el Tribunal de Apelaciones de Oporto ha dado luz verde a la extradición, la decisión final recae ahora en el Tribunal Supremo de Justicia de Portugal, que deberá pronunciarse en un plazo de 65 días. Mientras tanto, Marín Buitrago permanece preso en Portugal.

El único recurso que podría frenar su extradición sería la aceptación de su solicitud de refugio en Portugal, basada en el supuesto riesgo de asesinato si regresa al país Sin embargo, según una fuente del gobierno portugués, es poco probable que esta petición sea aprobada.