Errores de trámite y plazos vencidos en el Concejo obligan a expedir el Presupuesto de Popayán 2026 por decreto
La Corporación hundió el proyecto argumentando vicios de forma que se habrían originado en la misma Comisión de Presupuesto. La discusión estuvo marcada por la pugna sobre los recursos de funcionamiento del cabildo.
En una jornada decisiva que se extendió hasta cerca de la medianoche del pasado viernes, el Concejo Municipal de Popayán votó negativamente el proyecto de acuerdo que buscaba aprobar el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2026. Sin embargo, la decisión no respondió únicamente a discrepancias fiscales con la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo, sino a una serie de vicios procedimentales insubsanables cometidos al interior de la corporación, situación que facultad legalmente al mandatario local para adoptar el presupuesto vía decreto.
Crónica de un trámite fallido
Lo que debía ser el debate más importante del año para la planificación financiera de la ciudad terminó convertido en un revés administrativo para el cabildo. Aunque la narrativa de algunos sectores apunta a un ejercicio de control político, el análisis técnico del proceso revela que el proyecto llegó a la plenaria con vicios de fondo en los tiempos de ley.
El trasfondo de la negativa radica en que, de haberse aprobado, el acuerdo habría sido inevitablemente objetado tanto por la Administración Municipal como por la Gobernación del Cauca, debido al incumplimiento de los plazos estipulados en el reglamento interno y la normativa vigente.
La "matemática" de los plazos vencidos
La responsabilidad del procedimiento recaía sobre la Comisión de Presupuesto, presidida por el concejal Daniel Muñoz, quien fungirá como presidente de la corporación en 2026, y con la ponencia de la concejal Rosa Sinisterra Landázuri.
Los hechos cronológicos que viciaron el trámite son contundentes:
- Radicación: La Alcaldía radicó el proyecto el 30 de septiembre de 2025.
- Plazo de observaciones: La Comisión tenía 7 días calendario para devolver el proyecto con correcciones.
- El error: El oficio de devolución se remitió el 30 de octubre de 2025 (un mes después), excediendo el límite legal.
- Primer debate extemporáneo: Según el Acuerdo 020 de 2008, el primer debate debía surtirse antes del 30 de octubre. Este se realizó el 3 de noviembre de 2025, con los términos ya vencidos.
La aprobación del proyecto bajo estas circunstancias habría expuesto al municipio a demandas de nulidad, dejando en evidencia una falta de rigor técnico en el manejo de los tiempos legislativos por parte de la Comisión.
Entre el control político y los intereses propios
Fuentes cercanas al proceso indicaron a PeriódicoVirtual.com que la dilación en el trámite no fue fortuita. El debate se vio entorpecido por una discusión paralela: el aumento de los recursos que el Municipio debe girar para el funcionamiento del propio Concejo y la Personería Municipal.
La exigencia de mayores rubros por parte de los corporados chocó con los límites establecidos por la Ley 617, generando un ambiente de "tira y afloje" que consumió tiempo valioso y terminó por enredar el procedimiento legislativo.
Cuestionamientos a la coherencia política
El hundimiento del presupuesto ha reavivado las críticas ciudadanas hacia la coherencia de varios cabildantes. Analistas locales señalan un cambio de rasero en el control político ejercido por concejales como José Campo, Marcos Gaviria y Daniel Muñoz.
Mientras hoy se aplica un rigor extremo, incluso tardío, ante la actual administración, sectores de opinión recuerdan la "complacencia" de estos mismos actores políticos en periodos anteriores frente a temas sensibles para la ciudad, como la privatización sistemática de servicios públicos, la creación de la empresa Ciudad Moderna o endeudamientos que no se tradujeron en obras tangibles.
Que el alcalde expida el presupuesto por decreto no es una dictadura fiscal, es una herramienta constitucional de salvaguarda. Significa que, ante la incapacidad del Concejo de aprobar (o negar válidamente) el presupuesto dentro de los tiempos de ley, rige el proyecto presentado originalmente por el Alcalde.
- Lo bueno: Se garantiza la operación del municipio y la inversión social para 2026.
- Lo malo: Se pierde la oportunidad de que el Concejo haga ajustes democráticos y participativos a las partidas de inversión.
Este episodio deja en entredicho la capacidad técnica de la actual mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y abre la puerta a posibles investigaciones disciplinarias por parte de los entes de control, quienes deberán determinar si hubo negligencia en el cumplimiento de los deberes funcionales de los cabildantes al dejar vencer los términos de ley.
💰 Indignación: errores básicos frente a honorarios millonarios
Resulta inverosímil y difícil de creer para la opinión pública que se cometan errores procedimentales tan básicos en el recinto, teniendo en cuenta la alta remuneración que perciben los corporados con recursos de los payaneses. La evidencia financiera contrasta con la falta de rigor técnico: según la resolución que liquidó los honorarios de octubre de 2025, el valor de cada sesión a la que asiste un concejal asciende a $610.910
Esto significa que, por asistir a las 25 sesiones ordinarias programadas en dicho mes, gran parte de los cabildantes, devengaron más de 15 millones de pesos ($15.272.750 exactamente). Para la ciudadanía, es inaceptable que una corporación que cuesta estas cifras al erario protagonice fallas administrativas que ponen en riesgo la planificación financiera de la ciudad.
Por ahora, Popayán tendrá presupuesto 2026, pero este nacerá de la firma del alcalde y no del consenso democrático del recinto.
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