La Defensoría del Pueblo emitió una alerta urgente ante la preocupante ola de violencia que sacudió diversos departamentos del país durante las últimas 48 horas. Según el reporte oficial del organismo, entre el 7 y el 8 de agosto se registró una intensa actividad criminal, con especial énfasis en el uso de artefactos explosivos en los departamentos de Cauca y Nariño, coincidiendo con la transición de mando presidencial en Colombia .

El organismo defensor documentó una serie de eventos que incluyen la instalación de áreas minadas en vías principales, el abandono de cilindros bomba en perímetros urbanos y el hallazgo de vehículos acondicionados con explosivos de alto poder. Estas acciones, atribuidas a grupos armados organizados residuales y otras estructuras ilegales, han puesto en riesgo inminente la vida de miles de civiles y han afectado la libre movilidad en corredores estratégicos como la Vía Panamericana.

La Defensoría destacó que el suroccidente colombiano sigue siendo el epicentro de la confrontación armada. La persistencia de ataques en municipios como Santander de Quilichao, Villa Rica y Taminango evidencia una estrategia de control territorial y terrorismo que busca intimidar a la población y desafiar la presencia del Estado.

Ante este panorama, el Defensor del Pueblo hizo un llamado enérgico al gobierno de Abelardo de la Espriella para que refuerce de manera inmediata las acciones de prevención y protección.

El organismo enfatizó que no basta con la respuesta militar posterior a los hechos, sino que se requiere una estrategia integral que garantice la seguridad de los líderes sociales, las comunidades indígenas y los habitantes de las zonas rurales más vulnerables.

"Es imperativo que el nuevo Gobierno nacional active de forma prioritaria los mecanismos de protección colectiva y fortalezca la presencia institucional en los territorios donde la violencia ha recrudecido en este inicio de periodo presidencial", señaló el comunicado de la Defensoría .La entidad continuará realizando el seguimiento en terreno a través de sus delegadas territoriales y espera que las autoridades judiciales avancen en la identificación de los responsables de estos ataques que violan flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario.