Escenarios deportivos en ruinas y justicia ignorada: Popayán paga el precio de la improvisación
La Secretaría de Deporte de Popayán desacata una orden judicial mientras persiste en un modelo contractual cuestionado que podría llevar a sus funcionarios a los estrados judiciales.
Popayán sigue esperando, pero la justicia no puede esperar más.
Ni la comunidad deportiva ni los jueces ven avances. Han pasado semanas desde que un fallo judicial, producto de una Acción Popular, ordenó la intervención urgente de los escenarios deportivos de Popayán. Sin embargo, la Secretaría de Deporte del municipio no solo ha incumplido, sino que insiste en un modelo contractual que genera más dudas que soluciones.
El deterioro de los escenarios continúa agravándose. Las canchas y complejos deportivos están cerrados, abandonados, y sin un plan concreto de recuperación. Peor aún, no hay señales claras de que la administración esté dispuesta a acatar el mandato judicial.
¿Una jugada legal o un desacato disfrazado?
La estrategia planteada por la Secretaría consiste en tercerizar la ejecución del proyecto a través de un fondo mixto que, aunque apenas aporta el 15 % del presupuesto, sería contratado de forma directa para administrar más de 5.000 millones de pesos. Esta figura bordea los límites de la legalidad y evade los principios de la Ley 80 de 1993, que exige transparencia y selección objetiva en la contratación pública.
El fallo judicial es claro: se deben garantizar mecanismos legales y eficientes. Pero la decisión de avanzar con este modelo no solo contradice el fallo, sino que podría constituir una violación flagrante al mismo.
Estudios exprés, contratos a dedo y el reloj en contra
Mientras el Ministerio del Deporte espera estudios técnicos rigurosos y legalmente constituidos, Popayán improvisa. El plazo para entregar los estudios y diseños venció, y la administración no ha firmado ningún contrato formal ni ha presentado documentación técnica completa. En otras palabras, los recursos de cofinanciación están en riesgo, el proyecto está estancado y la ciudad pierde oportunidades mientras los escenarios deportivos siguen en ruinas.
Más allá de la omisión administrativa: posibles delitos en curso
Persistir en este modelo de contratación podría configurar delitos como:
- Celebración de contratos sin requisitos legales (Art. 410 CP)
- Interés indebido en la celebración de contratos (Art. 409 CP)
- Peculado por apropiación (Art. 397 CP)
- Fraude a la administración pública (Art. 450 CP)
- Desacato a una orden judicial
No se trata solo de una falta administrativa. Es un camino directo hacia la acción penal contra los funcionarios responsables, si no se corrige el rumbo con urgencia.
Popayán exige respeto, no excusas
Esto no es una simple falla de gestión. Es una muestra de desprecio institucional por la legalidad, por los jueces que han fallado a favor de la comunidad y por los deportistas que siguen esperando escenarios dignos. No hay justificación válida para tanta negligencia.
El dinero está, la necesidad es evidente y la orden judicial existe. Si la Secretaría de Deporte no rectifica y actúa con apego a la ley, serán los entes de control y los estrados judiciales quienes escriban el cierre de este capítulo oscuro de la administración local.