Estas son las razones para someter al expresidente de Paraguay, Santiago Peña, a un juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves su renuncia al cargo, acorralado por un escándalo financiero que dejó sin acceso a sus ahorros a cerca de tres millones de clientes del banco Ueno y por la ruptura con su propio partido, el Colorado. La Cámara de Diputados, sin embargo, no aceptó la dimisión: con 78 votos a favor y ninguno en contra, aprobó someterlo a juicio político con el fin de impedir que acceda automáticamente a la condición de senador vitalicio, un cargo que le otorgaría fueros frente a la Justicia. La última palabra la tendrá ahora el Senado.

Peña hizo pública su decisión mediante un video difundido en sus redes sociales, justo mientras los diputados debatían su destitución. «He tomado la decisión de presentar la renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas», expresó. Agregó que su prioridad «es la tranquilidad de los paraguayos» que depositaron sus recursos en el sistema financiero y que su «mayor deseo es que se garantice la devolución de esos recursos».

La salida de Peña se produjo apenas dos días después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) interviniera el banco Ueno por una grave insuficiencia de capital, medida que derivó en su liquidación. Desde el martes, los clientes de la entidad —casi la mitad de la población del país— no pueden disponer de sus cuentas, al igual que varios organismos estatales que mantenían allí fondos millonarios. El presidente del banco y otros directivos fueron detenidos e imputados por supuesta lesión de confianza.

La reacción ciudadana fue inmediata. Miles de ahorristas salieron a las calles de Asunción a exigir la renuncia del mandatario, y esa presión resultó determinante para precipitar su caída. Si en la mañana del jueves el juicio político parecía tener pocas posibilidades de prosperar, hacia el mediodía quedó claro que la bancada oficialista también le había retirado el respaldo.

El golpe definitivo lo asestó el expresidente Horacio Cartes, su antiguo padrino político y titular de la Asociación Nacional Republicana. «Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado», declaró. En el mismo comunicado, que dio luz verde a los legisladores colorados para votar a favor de la destitución, Cartes sostuvo que «honrar la bandera colorada significa actuar cuando la patria lo exige».

Durante la sesión legislativa, Cartes se instaló en la sede partidaria acompañado por Alliana, a quien ya se perfilaba como sucesor, y recibió a dirigentes del oficialismo. Entre ellos estuvo el senador Oscar «Cachito» Salomón, quien a su llegada afirmó que Peña «ha traicionado al país por dinero». Mientras tanto, el presidente permanecía aislado en la residencia oficial, rodeado por las protestas y el despliegue policial.

La renuncia habría permitido a Peña convertirse de inmediato en senador vitalicio y, con ello, obtener inmunidad frente a una eventual detención. Ese fue el motivo central por el cual la oposición y el propio oficialismo optaron por rechazarla y avanzar con el juicio político.

En paralelo, legisladores opositores ampliaron este jueves ante la Fiscalía una denuncia penal contra el mandatario por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza y estafa. La acusación también involucra al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; al expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo; a integrantes del directorio del BCP; al superintendente de Bancos, Holger Insfrán, y a autoridades de entidades públicas como el Instituto de Previsión Social (IPS) y la ANDE, que tenían depósitos en Ueno. Antes del mediodía, el Ministerio Público anunció la apertura de un proceso contra Peña.

El miércoles, en un esfuerzo por contener la crisis, Peña promulgó una ley de emergencia para devolver parte de las garantías a los ahorristas y forzó la salida de la cúpula del Banco Central, proponiendo a Raúl Vera Bogado al frente de la entidad. Las medidas llegaron tarde: la movilización ciudadana ya avanzaba hacia el centro de Asunción y Cartes había decidido soltarle la mano.

Alliana, el nuevo presidente, tuvo un papel clave en el desenlace. El 2 de noviembre, en la víspera de la intervención del banco, marcó públicamente distancia de Peña. «No hay para mí otra prioridad que no sea resolver el problema financiero por el que está pasando el país. Y algunas otras cuestiones que fueron hace tiempo preocupaciones que tenía y que manifesté en su momento a Santi (Peña), Fernández Valdovinos (ministro de Economía) y que hasta hoy no se pudo resolver», dijo en entrevistas con medios locales. Aquella declaración fue leída como el quiebre que aceleró la intervención bancaria y, con ella, el final del Gobierno.

Peña, economista que llegó al poder presentándose como un tecnócrata capaz de construir «el Paraguay gigante», deja el cargo señalado por millones de ciudadanos como el presidente que les falló cuando sus ahorros quedaron atrapados.