Exfiscal del Cauca irá a prisión por frenar extradición de presunto narcotraficante

El Tribunal Superior de Popayán condenó a la exfiscal de El Tambo, María del Socorro Fernández Chávez, a 7 años y 3 meses de prisión tras encontrarla responsable de los delitos de prevaricato por acción y fraude procesal, en un caso relacionado con la frustración de la extradición de un ciudadano requerido por la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico internacional.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria habría utilizado su cargo para impulsar actuaciones judiciales irregulares que terminaron favoreciendo al hombre solicitado por una corte estadounidense.

La investigación estableció que, luego de que el Gobierno nacional avalara la solicitud de extradición en mayo de 2016, Fernández Chávez abrió un proceso paralelo y le imputó al requerido el delito de rebelión, una acusación que posteriormente fue aceptada por el procesado. Sin embargo, la Fiscalía demostró que la información utilizada para sustentar ese señalamiento carecía de soporte real.

Las pruebas también evidenciaron que la entonces fiscal omitió información relacionada con una notificación roja de Interpol y aportó documentos con inconsistencias, entre ellos registros de arraigo que contenían presuntas firmas y elementos falsificados.

A ello se sumó la desaparición de la grabación de la audiencia de imputación. Según el expediente, pese a que una autoridad judicial ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfuncionaria se opuso a realizarla nuevamente.

Como consecuencia de la imputación por rebelión, el ciudadano requerido en extradición presentó una acción de tutela que prosperó bajo el argumento de una posible doble incriminación, situación que terminó bloqueando temporalmente su entrega a las autoridades estadounidenses.

Además de la pena privativa de la libertad, el fallo impuso a María del Socorro Fernández Chávez una multa equivalente a 294 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 104 meses.

La decisión judicial aún puede ser apelada mediante los recursos establecidos por la ley.