Explosiones, dolor y miedo: el rostro del conflicto armado que no termina

El departamento del Cauca vive momentos de extrema tensión tras una serie de ataques con motocicletas cargadas de explosivos que sacudieron los municipios de Piendamó y Piedra Sentada (Patía). El saldo preliminar de estas acciones violentas, atribuidas a la disidencia Dagoberto Ramos de las FARC, dejó un soldado muerto y más de 70 heridos, entre ellos miembros de la fuerza pública y civiles. Estos hechos, registrados a mediados de la semana, subrayan la gravedad de la situación de orden público en la región.

De acuerdo con fuentes de la zona, la escalada de violencia responde a la intensificación de acciones armadas en al menos ocho municipios del Cauca, una región golpeada por el conflicto armado que persiste desde hace más de cinco décadas, cobrando fuerza desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y su proyecto de PAZ TOTAL. Las disidencias de las FARC, en particular el frente Dagoberto Ramos, han aprovechado la geografía montañosa y la falta de presencia institucional sólida en algunos corredores estratégicos para fortalecer su capacidad de fuego y perpetrar ataques coordinados.

Este repunte de hostilidades coincide con un momento de cambio en la Secretaría de Gobierno departamental. Hasta mediados de marzo de 2025, la cartera estuvo a cargo de Miller Hurtado, quien impulsó diferentes iniciativas de seguridad. Sin embargo, la transición en el liderazgo no es la causa principal de esta ola de violencia, que responde más bien a las dinámicas históricas y estructurales del conflicto en la región.

Durante su gestión, Hurtado promovió una coordinación estrecha entre autoridades civiles y militares, destinando más de 4 mil millones de pesos a la implementación de tecnología antidrones, con el fin de contrarrestar el uso de estos dispositivos por parte de grupos ilegales. Fuentes cercanas a la Gobernación señalan que, si bien estas medidas lograron contener temporalmente la actividad delictiva en algunos municipios, la magnitud y complejidad del conflicto requieren de un esfuerzo integral y sostenido.

Actualmente, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, evalúa nombres para encabezar la Secretaría de Gobierno, en un momento en que el departamento demanda un enfoque estratégico para enfrentar la creciente ola de violencia. Entre los candidatos figura, de manera no oficial, Maribel Perafán, quien es la actual gerente de la Licorera del Cauca. Aunque la confirmación de su nombramiento sigue siendo un rumor, la expectativa de la ciudadanía recae en que, de concretarse, su gestión pueda articular de manera efectiva iniciativas de seguridad y desarrollo social.

El nuevo o la nueva titular de la cartera de Gobierno recibirá la responsabilidad de coordinar con las fuerzas de seguridad y de buscar el respaldo del Gobierno nacional para abordar las raíces de un conflicto que abarca problemas de narcotráfico, abandono estatal y disputas por el control territorial. Los observadores locales insisten en que cualquier estrategia debe ir acompañada de inversiones en educación, salud y proyectos productivos, de modo que la solución trascienda lo estrictamente militar.

Organismos defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por el riesgo al que se ve sometida la población civil, recordando que las normas del Derecho Internacional Humanitario exigen la protección de las personas ajenas al conflicto. En este contexto, la labor de la Defensoría del Pueblo y las veedurías ciudadanas será fundamental para denunciar posibles vulneraciones y exigir responsabilidades a los actores involucrados.

En medio de la emergencia, el departamento del Cauca se encuentra en una encrucijada. El esfuerzo realizado por Miller Hurtado en materia de seguridad, si bien no frenó por completo la avanzada de los grupos armados, dejó algunos cimientos que podrían ser aprovechados por la nueva cabeza de la Secretaría de Gobierno. A medida que la violencia escala y la lista de víctimas aumenta, los habitantes del Cauca esperan con urgencia una estrategia de seguridad y desarrollo que vaya más allá de cambios de personal y que promueva soluciones estructurales. El reto para las autoridades será demostrar que, con determinación política y acciones concretas, es posible avanzar hacia un futuro más estable y pacífico.