Fallo judicial pone en evidencia omisiones de la Alcaldía de Popayán y la CRC frente al ruido en Catay

Un juzgado declaró vulnerados derechos colectivos en Catay y ordenó controles nocturnos, actuaciones administrativas y seguimiento a la Alcaldía y la CRC.

Fallo judicial pone en evidencia omisiones de la Alcaldía de Popayán y la CRC frente al ruido en Catay

La justicia declaró vulnerados los derechos colectivos de los residentes del sector y ordenó a las autoridades realizar operativos nocturnos, revisar establecimientos comerciales y adoptar medidas efectivas contra la contaminación sonora.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Popayán, mediante sentencia del 12 de noviembre de 2026, declaró que el municipio de Popayán y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) vulneran los derechos colectivos al ambiente sano, al espacio público y a la seguridad y salubridad públicas de los habitantes del sector Catay, ubicado en la comuna uno de la capital caucana.

La decisión, identificada como sentencia JPA-282 y proferida dentro de la acción popular con radicado 19001333300120260018200, responde a una demanda presentada por María Elena Santacruz Narváez y Luis Gerardo Benavidez, quienes denunciaron afectaciones relacionadas con el ruido nocturno, el consumo de bebidas alcohólicas, las aglomeraciones y la ocupación del espacio público.

El fallo establece que las actuaciones adelantadas por las autoridades municipales y ambientales fueron insuficientes para detener una problemática conocida, por lo menos, desde 2024.

Mediciones confirmaron niveles de ruido superiores a los permitidos

Entre las pruebas examinadas por el juzgado se encuentran informes técnicos de la CRC que documentaron niveles de contaminación sonora superiores a los límites establecidos en la normativa ambiental.

En una visita nocturna realizada el 15 de agosto de 2026 se registró una emisión de 82,74 decibeles, frente a un límite de 60 decibeles aplicable a esa medición.

Además, los informes de 2024 habían identificado emisiones que alcanzaron los 104,73 decibeles en Market Catay.

El avance del mapa de ruido ambiental de 2026 también reportó incumplimientos en tres puntos cercanos al sector, con registros nocturnos de 77,10, 64,70 y 76,63 decibeles, superiores a los límites correspondientes de 50 y 55 decibeles.

Para el despacho judicial, estos resultados demuestran una afectación persistente que compromete el descanso, la salud y la tranquilidad de los residentes.

El juzgado cuestionó la eficacia de las actuaciones administrativas

Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia es el análisis de la respuesta institucional frente a las denuncias ciudadanas.

Aunque la Alcaldía de Popayán sostuvo que había adelantado procedimientos de inspección, vigilancia y control, el juzgado concluyó que esas actuaciones no habían sido suficientes para garantizar los derechos colectivos afectados.

La providencia señala que existían establecimientos con solicitudes de consumo de licor negadas, procedimientos policivos pendientes, permisos vencidos y actividades cuya correspondencia con los usos del suelo autorizados no había sido verificada.

Sobre la actuación de la administración municipal, el fallo advierte:

La existencia de actuaciones aisladas no equivale al cumplimiento eficaz del deber de protección.

Respecto de la CRC, el despacho reconoció que la entidad había realizado visitas, mediciones y requerimientos desde 2024. Sin embargo, cuestionó que, pese a los excesos documentados, no hubiera impuesto medidas preventivas ni iniciado procesos sancionatorios ambientales frente a la problemática examinada.

La decisión judicial representa, por tanto, un cuestionamiento a la efectividad de las actuaciones de ambas instituciones, más allá de la existencia de trámites, informes y comunicaciones administrativas.

Las órdenes que deberán cumplir la Alcaldía y la CRC

La sentencia establece varias obligaciones, cuyos plazos comenzarán a contarse desde que la providencia quede ejecutoriada:

  1. Procedimientos contra establecimientos: la Secretaría de Gobierno y las Inspecciones de Convivencia y Paz deberán iniciar, impulsar y decidir los procedimientos que correspondan respecto de Licorera.Com Catay, Avenida Bar Licores, 40 Grados Norte, Tienda y Licores El Borracho 2.0 y Market Catay. Las medidas podrán incluir la suspensión temporal o definitiva de actividades cuando proceda legalmente.
  2. Verificación de permisos: el municipio deberá comprobar que La Bodega Catay, Licorera Catay, Supertienda y Licores San Diego Catay, Super Tienda La Popular y La Reserva Pub desarrollen únicamente las actividades autorizadas, sin consumo de licor en el sitio ni ocupación indebida del espacio público.
  3. Operativos nocturnos: durante tres meses deberán realizarse al menos dos operativos semanales, incluyendo el viernes o sábado en horario nocturno, con participación de las autoridades municipales competentes y apoyo de la Policía Metropolitana.
  4. Control ambiental: la CRC deberá efectuar nuevas mediciones nocturnas, verificar los planes de mitigación e imponer medidas preventivas e iniciar procedimientos sancionatorios cuando corresponda.
  5. Programa conjunto: la Alcaldía y la CRC tendrán que diseñar, adoptar y ejecutar un programa coordinado para controlar las fuentes de emisión de ruido, con cronograma de mediciones, operativos y seguimiento.

El fallo también dispone que el alcalde solicite el apoyo de la Policía Metropolitana dentro de los 15 días siguientes a la ejecutoria.

No se ordenó cerrar todos los establecimientos

La providencia establece una distinción importante: el juzgado no ordenó la suspensión general del expendio de bebidas alcohólicas en Catay.

Explicó que el Plan de Ordenamiento Territorial permite determinadas actividades comerciales, incluida la venta de bebidas alcohólicas sin consumo en el establecimiento.

Por esa razón, las posibles suspensiones o cierres deberán decidirse individualmente, conforme a los permisos existentes, las infracciones acreditadas y las garantías del debido proceso.

Tampoco se encontró demostrada la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pues no se acreditaron conductas corruptas, favorecimientos indebidos o propósitos contrarios al interés general.

La ciudadanía tendrá participación en la verificación

La sentencia dispone la creación de un comité de verificación integrado por el juez, los accionantes, representantes de la Alcaldía y la CRC, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

Las entidades deberán presentar informes sobre el cumplimiento de las órdenes al vencimiento de los plazos establecidos.

El alcance de esta decisión trasciende las molestias provocadas por el ruido nocturno. El fallo recuerda que las autoridades no cumplen plenamente sus responsabilidades con la sola expedición de oficios, la realización de visitas o la apertura de procedimientos: sus actuaciones deben ser eficaces para proteger los derechos de la comunidad.

La sentencia es de primera instancia y admite recurso de apelación. Por ello, los plazos ordenados no deben contarse automáticamente desde el 12 de noviembre, sino desde su ejecutoria.

Para los habitantes de Catay, el principal interrogante será si las medidas dispuestas por la justicia consiguen resolver una situación que, según las pruebas judiciales, se prolonga desde hace varios años.

PeriódicoVirtual.com — La verdad no se negocia. La justicia se defiende. Porque la verdad permanece y nos hace libres. Inspirado en Proverbios 12:19 y Juan 8:32.