La promesa de recuperar Popayán, bajo cuestionamiento: casi $799 millones del Fondo Educativo sin pagos acreditados

La promesa de recuperar Popayán, uno de los principales compromisos políticos del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo, enfrenta nuevas preguntas sobre los resultados de su administración. Esta vez, el cuestionamiento surge alrededor del Fondo Educativo Municipal (FEM), cuyo informe técnico y administrativo con corte al 30 de octubre de 2026 registra $798.800.169 de disponibilidad presupuestal y 234 estudiantes seleccionados, pero no acredita que los recursos hayan sido efectivamente pagados.

El balance, identificado como GEI-170 en la documentación analizada, presenta 133 apoyos de sostenimiento y 101 de matrícula. Sin embargo, según el análisis documental, el acto administrativo para formalizar los beneficios todavía se encontraba en revisión institucional.

La diferencia es fundamental: contar con dinero presupuestado no significa que ese dinero haya llegado a sus destinatarios.

De la promesa de recuperar Popayán a las preguntas por la ejecución

En su campaña, Juan Carlos Muñoz Bravo presentó la recuperación de Popayán como uno de los propósitos centrales de su proyecto político.

En su página de campaña, el entonces candidato defendía la independencia frente a sectores políticos tradicionales, cuestionaba las improvisaciones administrativas y proponía un nuevo rumbo para la ciudad.

Casi tres años después del comienzo de su mandato, el Fondo Educativo ofrece un caso concreto para contrastar ese discurso con la gestión.

La Alcaldía anunció el 8 de mayo de 2026 la apertura de la convocatoria pública 001, orientada a facilitar el acceso y la permanencia de estudiantes de menores recursos en la educación superior.

El propósito era financiar parcialmente matrículas y contribuir al sostenimiento académico de los beneficiarios.

No obstante, a finales de octubre, la Secretaría de Educación aún no acreditaba el reconocimiento definitivo, los compromisos, las obligaciones ni los pagos derivados de los apoyos reportados.

El problema que debe aclararse no es únicamente cuánto dinero tiene el Fondo, sino cuánto se ha comprometido, cuánto se ha pagado y cuántos estudiantes recibieron efectivamente el beneficio.

El Concejo también cuestionó la ejecución del Fondo Educativo

Las inquietudes no se limitan al documento analizado.

En una publicación del 3 de noviembre de 2026, el Concejo Municipal informó sobre cuestionamientos formulados por los concejales Jhon Ortiz, Marco Gaviria y Daniel Muñoz frente a la cobertura, los requisitos y la ejecución de los recursos del FEM.

El presidente de la corporación, Daniel Muñoz, reclamó mayor claridad sobre las cifras presupuestales y afirmó: "Sin ese dato, pues seguimos a ciegas".

Durante el debate también se planteó la necesidad de ampliar las oportunidades para estudiantes de universidades privadas e instituciones técnicas, revisar los requisitos de acceso y evitar que los recursos de la educación superior queden sin ejecutar.

Por su parte, la secretaria de Educación, Johana Andrea Beltrán Ijají, explicó que la modificación del acuerdo municipal que regula el Fondo se encuentra en borrador y solicitó una mesa de trabajo con los concejales.

También se comprometió a presentar por escrito el detalle de los recursos asignados y ejecutados. La funcionaria señaló, además, dificultades relacionadas con los montos de financiación que podían recibir algunos aspirantes.

Estas explicaciones deben formar parte del balance, pero todavía es necesario conocer los soportes que permitan establecer qué ocurrió efectivamente con los recursos del segundo semestre.

¿Qué ocurrió con los estudiantes seleccionados?

La documentación suministrada muestra otra situación que necesita aclaración.

Mientras la Circular 20261700001616, publicada el 11 de septiembre de 2026, contiene 237 asignaciones entre sostenimiento y matrícula para la segunda fase, el balance analizado con corte al 30 de octubre reporta 234 estudiantes consolidados para la convocatoria.

Ambos documentos presentan alcances y momentos diferentes del proceso. Por eso, la Secretaría de Educación debe explicar cómo se relacionan sus cifras y cuáles fueron los resultados finales de la legalización.

El informe de octubre también indica que 88 de los 133 estudiantes registrados para sostenimiento pertenecen a la Universidad del Cauca, mientras que 45 de los 101 apoyos de matrícula corresponden a estudiantes de la Fundación Universitaria de Popayán.

Estas concentraciones no constituyen por sí mismas evidencia de irregularidades. Sin embargo, resulta necesario conocer el número total de aspirantes, los criterios de selección, las solicitudes rechazadas y la cobertura real del programa.

La política educativa debe evaluarse con información verificable sobre acceso, permanencia y recursos entregados.

¿De qué sirve un apoyo que no llega cuando el estudiante lo necesita?

La oportunidad de los desembolsos es especialmente importante en una convocatoria correspondiente al periodo académico 2026-2.

Una ayuda para sostenimiento busca respaldar gastos que ocurren durante el semestre: alimentación, transporte, materiales académicos y otras necesidades de los estudiantes.

Cuando el apoyo se retrasa, su utilidad puede reducirse, incluso si posteriormente llega a ser desembolsado.

Lo mismo ocurre con las matrículas. Las instituciones educativas establecen calendarios de pago y los estudiantes deben responder por sus obligaciones en las fechas correspondientes.

Por eso, el FEM necesita demostrar no solo que seleccionó beneficiarios, sino también que los apoyos cumplieron la finalidad para la cual fueron creados.

De la recuperación de Popayán a la discusión por el poder en 2027

El debate sobre la gestión del gobierno de Juan Carlos Muñoz Bravo también coincide con los movimientos políticos que comienzan a perfilarse para las elecciones territoriales de 2027.

Uno de los nombres mencionados en ese escenario es el de Edwin Heiver Muñoz Vásquez, quien dejó la Secretaría General de la Alcaldía el 23 de octubre de 2026 y fue reemplazado por Tomás Rengifo Fuentes.

En publicaciones periodísticas locales han circulado versiones sobre una posible aspiración de Edwin Muñoz a la Alcaldía y un eventual respaldo del actual mandatario. Sin embargo, esas versiones no constituyen confirmación de una candidatura ni de un acuerdo político de sucesión.

Lo que sí puede examinarse desde ahora es la gestión de quienes han ocupado responsabilidades en el gobierno municipal y la relación entre sus actuaciones y los compromisos planteados ante la ciudadanía.

Una eventual continuidad política tendría que ser evaluada a partir de resultados documentados, responsabilidades concretas y propuestas verificables.

La discusión sobre el futuro de Popayán no puede sustituir el examen de las obligaciones que corresponden a la administración actual.

Los recursos públicos se deben medir por resultados

El caso del Fondo Educativo Municipal deja preguntas que merecen respuestas documentadas de las secretarías de Educación y Hacienda.

¿Existe el acto administrativo definitivo de reconocimiento de los apoyos? ¿Cuánto dinero cuenta con Registro Presupuestal? ¿Qué recursos han sido obligados y pagados? ¿Cuántos beneficiarios recibieron los desembolsos? ¿Qué ocurrió con los estudiantes que no lograron acceder al Fondo?

La disponibilidad de $798.800.169 debe contrastarse con los soportes de ejecución antes de concluir cuál fue el destino efectivo de los recursos.

Recuperar una ciudad exige que los anuncios institucionales puedan traducirse en resultados comprobables para sus habitantes.

En el caso del FEM, la respuesta debe comenzar por algo concreto: establecer qué recibieron los estudiantes y cuándo lo recibieron.

La educación superior no puede depender únicamente de convocatorias, comunicados o fotografías institucionales. Los jóvenes necesitan que los compromisos adquiridos con ellos se materialicen dentro de los tiempos académicos.

Esa es una medida verificable de la gestión pública, independientemente de quién ocupe hoy la Alcaldía o aspire a dirigirla en 2027.