Financiación de campañas del Pacto Histórico genera cuestionamientos por origen de recursos

Los informes oficiales de financiación de la consulta presidencial del Pacto Histórico, realizada a finales del año pasado, han puesto bajo la lupa el origen de los recursos utilizados por los principales precandidatos de esa colectividad.

De acuerdo con los reportes entregados al Consejo Nacional Electoral (CNE), el entonces precandidato Iván Cepeda, una de las principales figuras del petrismo, registró gastos por 964 millones de pesos durante la contienda interna.

En dicha consulta, Cepeda obtuvo una victoria contundente al superar por más de 1,5 millones de votos a Carolina Corcho, quien alcanzó poco más de 670.000 sufragios. Los datos sobre la financiación de ambas campañas se conocieron este viernes tras una revelación del medio La Silla Vacía, que tuvo acceso a los registros contables consignados en la plataforma Cuentas Claras, el sistema oficial del CNE donde los candidatos deben declarar ingresos, gastos y fuentes de financiación.

Según la normatividad electoral vigente, el tope máximo de gastos autorizado para esta consulta era de 6.080 millones de pesos, un límite que ninguna de las campañas superó. No obstante, la atención se ha centrado en la procedencia de los recursos, debido a la alta concentración de aportes en pocos financiadores y a los cuestionamientos sobre la capacidad económica de algunos de ellos.

En el caso de la campaña de Iván Cepeda, el informe señala que 125 millones de pesos correspondieron a recursos propios del candidato. El resto del presupuesto fue cubierto mediante contribuciones y donaciones de particulares, concentradas en un número reducido de aportantes.

El mayor aporte individual provino de la empresa Samat Publicidad S. A. S., con sede en Barranquilla, que donó 609 millones de pesos, cifra que representa más de la mitad del total de los gastos reportados. A este aporte se sumó una contribución de 116 millones de pesos realizada por Javier Antonio Pérez, quien figuraba como representante legal de la campaña en 2024.

Registros del Registro Único Empresarial y Social (RUES) confirman que Samat Publicidad S. A. S. está matriculada en la Cámara de Comercio de Barranquilla desde 2018 y mantiene su registro activo. De acuerdo con su objeto social, la empresa desarrolla actividades relacionadas con la impresión, la publicidad y el comercio al por mayor de productos textiles y confeccionados.

Sin embargo, información revelada por el periodista Melquisedec Torres indica que la compañía no reportó ingresos por actividad ordinaria y registra un capital pagado de apenas 20 millones de pesos, según su certificado mercantil. Este contraste ha generado interrogantes sobre su capacidad financiera para realizar una donación de más de 600 millones de pesos a una campaña política.

A ello se suman imágenes de Google Maps correspondientes a agosto de 2024, en las que se observa que la empresa operaría desde un pequeño local ubicado en una esquina del centro de Barranquilla, lo que ha intensificado el debate sobre la proporcionalidad entre su infraestructura visible y el monto del aporte realizado.

En conjunto, las donaciones de Samat Publicidad S. A. S. y de Javier Antonio Pérez representan cerca del 75 % de los gastos totales reportados por la campaña de Cepeda, evidenciando una alta concentración de recursos en manos de pocos financiadores, un aspecto que ha despertado preocupación entre analistas y sectores de opinión.

Las revelaciones adquieren mayor relevancia en el actual contexto político, a pocos meses de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, en las que se definirán las curules del Congreso de la República, y cuando el debate sobre la transparencia en la financiación de la política vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

Por otro lado, el periodista Melquisedec Torres también denunció posibles irregularidades en la financiación de la campaña de Carolina Corcho. Según los reportes presentados ante el CNE, el 52 % de los gastos de dicha campaña, equivalentes a 737,7 millones de pesos de un total de 1.428 millones, habrían sido cubiertos mediante préstamos otorgados por una empresa vinculada a un restaurante.

La empresa, denominada “Gusteau Chefcito Sigi. ML JV EU – en liquidación”, aparece registrada en el sur de Bogotá, aunque su ubicación no pudo ser verificada a través de Google Maps. De acuerdo con los registros mercantiles, la compañía se encuentra disuelta y en proceso de liquidación desde abril de 2025, contaba con un capital inferior a dos millones de pesos y reportaba cero ingresos.

El 48 % restante de los gastos de la campaña de Corcho habría sido financiado mediante 41 préstamos de personas naturales, una modalidad que también ha suscitado cuestionamientos sobre la trazabilidad y solidez financiera de los recursos utilizados durante la consulta.

Estos hallazgos han reavivado el debate sobre los controles a la financiación electoral y la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación por parte de las autoridades competentes, en un escenario político marcado por la cercanía de nuevas elecciones y la exigencia ciudadana de mayor transparencia.