Fiscalía acusa a Álvaro Leyva Durán por presunto desvío de millonario contrato de pasaportes

En la tarde de este jueves 23 de abril de 2026, ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación llevó a cabo la audiencia de acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva Durán. El excanciller afronta un proceso por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción, en medio del polémico caso de los pasaportes.

Leyva Durán fue llevado a juicio porque, de acuerdo con la tesis de la Fiscalía, en septiembre de 2023 expidió tres actos administrativos con los que habría redirigido una millonaria contratación de COP 559.000 millones destinada a asegurar la operación del sistema de pasaportes del país hasta julio de 2026. Pese a que un grupo asesor sugirió adjudicar el contrato a la firma Thomas Greg and Sons, Leyva declaró desierta la licitación sin sustento suficiente.

Posteriormente, cuando la compañía presentó un recurso de reposición, este fue negado desde el despacho de Leyva Durán sin justificación clara. Más adelante, expidió una tercera resolución declarando la urgencia manifiesta, lo que no solo dejó por fuera del proceso a Thomas Greg and Sons, sino que permitió a la Cancillería adelantar la contratación de manera directa. Por estos hechos, la Procuraduría destituyó e inhabilitó al excanciller por un periodo de 10 años.

La diligencia se desarrolla ante el despacho de la magistrada Blanca Nelida Barreto Ardila, quien fue designada para presidir el juicio contra el exfuncionario del gobierno Petro. En ese escenario, la Fiscalía expondrá los argumentos por los cuales considera que Leyva Durán, “con su falta de integridad y transparencia en el ejercicio de su labor como servidor público, no protegió los intereses de la comunidad ni de los beneficiarios en ese momento”.

El escrito de acusación elaborado por la Fiscalía describe la manera en la que, mediante tres decisiones administrativas, Leyva Durán habría desviado la contratación destinada a garantizar la operación del sistema de pasaportes en el país. Dichas resoluciones, con las que, según el ente acusador, el excanciller “vulneró de manera abierta, caprichosa y relevante”, fueron firmadas desde su despacho entre el 13 y el 14 de septiembre de 2023.

La acusación también sostiene que Leyva habría actuado bajo criterios propios y sin argumentos razonables: “En el afán de sustentar su caprichosa determinación, desatendió que la existencia de un único oferente, habilitado conforme a las exigencias de la entidad en los pliegos de condiciones, no constituía causal de impedimento para la selección del contratista ni fundamento jurídico para el acto administrativo que expidió”.