Fiscalía acusa a exviceministro por contrato que comprometió US$32 millones para helicópteros
El contrato, suscrito el 31 de diciembre de 2024 con la empresa estadounidense Vertol Systems Company, tenía un valor cercano a los US$32 millones.
La Fiscalía General de la Nación presentó el escrito de acusación contra el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto, dentro de la investigación por presuntas irregularidades en un millonario contrato destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional.
El proceso está relacionado con el contrato 012 del 31 de diciembre de 2024, celebrado entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems Company, por un valor cercano a los 32 millones de dólares.
Según la investigación, la Fiscalía encontró elementos que indicarían que el proceso de contratación habría sido direccionado para favorecer a la compañía, pese a que presuntamente no contaba con la experiencia, capacidad técnica y financiera necesarias para cumplir con el objeto contractual.
Cinco funcionarios también están vinculados
Además de Suárez Soto, la Fiscalía señala a otras cinco personas que habrían participado, presuntamente, en las actuaciones investigadas. Entre ellas aparecen el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamaño; el exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y el entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército, coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte.
También hacen parte de la investigación el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie.
De acuerdo con el ente acusador, durante el proceso se habrían flexibilizado requisitos, ampliado plazos y realizado reuniones que habrían beneficiado al oferente. La Fiscalía también sostiene que se permitió la presentación de información financiera y técnica que no correspondería con la realidad.
Anticipo de US$16 millones
Uno de los puntos centrales de la investigación es el desembolso de un anticipo equivalente al 50 % del valor del contrato, cercano a los 16 millones de dólares.
La Fiscalía advierte que existía una diferencia considerable entre los recursos entregados y el avance real de los trabajos. En determinado momento, el contrato registraba apenas un 8 % de avance físico, pese a que ya se había desembolsado la mitad de su valor.
El caso había sido advertido previamente por la Contraloría General de la República, que en octubre de 2025 alertó sobre un posible detrimento patrimonial relacionado con el contrato.
Exviceministro enfrenta varios cargos
La Fiscalía atribuye a los investigados posibles responsabilidades por delitos como falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
En paralelo, el ente investigador realizó una inspección judicial en la Universidad Militar Nueva Granada, donde encontró registros de un contrato suscrito con Suárez Soto para prestar servicios de asesoría en asuntos relacionados con economía, seguridad, defensa y productividad.
El contrato, vigente desde enero de 2026, tendría un valor de 63,6 millones de pesos.
Con la presentación del escrito de acusación, el proceso contra el exviceministro y los demás implicados avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía deberá presentar ante un juez las pruebas con las que pretende demostrar las presuntas irregularidades y la responsabilidad de los acusados.