Fiscalía anuncia medida de aseguramiento contra líderes del Cañón del Micay, pero organizaciones sociales aseguran que decisión aún no está en firme

La decisión judicial anunciada contra dos líderes campesinos del Cañón del Micay volvió a encender la controversia en esta convulsionada zona del sur del Cauca.

Mientras la Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta participación en secuestros de militares, organizaciones sociales aseguran que dicha determinación aún no ha sido adoptada formalmente.

Los procesados son Duberney Galvis Plaza y Juan Pablo Giraldo Mena, quienes fueron presentados ante un juez penal como supuestos responsables de tres retenciones ilegales de integrantes de la fuerza pública, ocurridas entre marzo y septiembre de 2025 en los municipios de Argelia y El Tambo.

Según el ente acusador, los dos hombres habrían actuado en articulación con la estructura disidente de las Farc conocida como Carlos Patiño, con el fin de convocar y persuadir a civiles para impedir el avance de operaciones militares en la zona y retener a uniformados que participaban en dichos despliegues.

La Fiscalía detalló que el primer hecho se registró entre el 6 y el 8 de marzo de 2025, en el corregimiento de El Plateado, donde 28 policías fueron retenidos. El segundo caso ocurrió en junio, cuando 57 militares fueron trasladados contra su voluntad desde la vereda La Hacienda hasta el sector Fondas, en El Tambo. El tercer episodio se presentó entre el 7 y el 8 de septiembre en el cerro El Tigre, corregimiento Honduras, donde 72 soldados fueron privados de la libertad temporalmente.

En uno de estos acontecimientos, la comunidad de El Plateado incineró una tanqueta militar tras varias horas de enfrentamientos con la Fuerza Pública, en medio de operativos dirigidos contra las disidencias armadas que operan en el Cañón del Micay. La Fiscalía sostiene que los ahora judicializados habrían tenido un papel de liderazgo en esa asonada, coordinando acciones y participando en diálogos posteriores para gestionar las liberaciones.

De acuerdo con el organismo investigador, a ambos se les atribuyen funciones de dirección, coordinación y negociación durante las retenciones, además de supuestamente impartir instrucciones para mantener a los uniformados en cautiverio mientras se adelantaban conversaciones con entidades estatales.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado. Los señalados no aceptaron los cargos.

No obstante, la Red de Derechos Humanos del suroccidente colombiano Francisco Isaías Cifuentes cuestionó que se esté presentando como un hecho consumado la imposición de medida de aseguramiento. La organización indicó que las audiencias concentradas continuarán el 4 de marzo de 2026 y que, hasta el momento, el juez de control de garantías no ha tomado una decisión definitiva sobre si habrá o no detención preventiva y bajo qué modalidad.

En el territorio, la noticia ha generado molestia entre sectores campesinos que consideran que los acusados son representantes comunitarios en una región históricamente afectada por la ausencia estatal y la presencia de múltiples actores armados. Líderes locales, que pidieron reserva de su identidad por razones de seguridad, afirmaron que el incremento de operaciones militares ha intensificado el conflicto en corregimientos como El Plateado, pese a promesas gubernamentales de priorizar la inversión social para recuperar la zona.

Teniendo en cuenta que, para el momento de la divulgación de comunicados, y declaraciones de prensa, la situación judicial de Juan Pablo Giraldo y Duverney Galvis se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajos los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7o de la Ley 906 de 2004.

 “Consideramos que el Boletín de prensa número 58570 el cual se encuentra publicado en la página oficial de la fiscalía https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/dos-hombres-fueron-asegurados-porpresuntamente-participar-en-tres-secuestros-de-integrantes-de-la-fuerza-publica/ y que ha sido replicado por varios medios de comunicación, violenta la independencia y la imparcialidad en la administración de justicia, pues deja entrever que inclusive antes de que el señor Juez de Control de Garantías tome su decisión, la Fiscalía dice saber el contenido de la providencia, lo que deja mucho que desear, pues se evidencia una violación gravísima a las garantías procesales de los lideres sociales detenidos, desconociendo el principio de imparcialidad, legalidad y presunción de inocencia".