Fiscalía General de la Nación le imputa seis delitos a Nicolás Petro por presunta corrupción
Se mueve el expediente judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
La Fiscalía General de la Nación le imputó a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, seis delitos por su presunta participación en un caso de corrupción cuando era diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico.
“La Fiscalía General de la Nación le comunica que se le investiga por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, privado y falso testimonio”, expresó la fiscal Lucy Laborde durante una audiencia de imputación ante el juez de control de garantías.
El ente acusador señaló que Petro Burgos se habría apropiado de 111 millones de pesos entre 2021 y 2022 como parte de su supuesta “gestión” para la celebración de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso).
“Estos hechos, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, se le imputan porque usted no tenía administración funcional directa sobre esos recursos públicos del contrato. Es por esto que su responsabilidad se estructura a título de interviniente en el peculado por apropiación cometida por quienes sí administraban los dineros públicos”, agregó la fiscal.
Este caso se suma al otro proceso penal que enfrenta desde julio de 2023, cuando la Fiscalía lo acusó de recibir dinero de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso Turco Hilsaca.
La Fiscalía asegura que el hijo del presidente “ocultó y encubrió” sumas de hasta 500 millones de pesos entregados por políticos como Máximo Noriega, señalado de ser el intermediario entre posibles narcotraficantes y Petro.
Parte de ese dinero supuestamente entró a la campaña electoral de su padre, aunque Petro Burgos aseguró en una entrevista con la revista Semana que el mandatario no lo sabía.
En ese desvío de recursos, señaló la Fiscalía durante la audiencia, Petro Burgos habría participado como interviniente, pues habría hecho las gestiones necesarias para que, aprovechando su rol y poder social, su expareja hiciera el puente entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, para los supuestos contratos amañados. “
Ejerció su influencia política y social para la obtención de contratos que los favorecieran a usted, a su esposa Daysuris Vásquez y a otros terceros como Pedro Name y Gustavo de la Ossa”, dijo la fiscal.
La fiscal del caso, Lucy Laborde, expuso durante la diligencia judicial que entre Nicolás Petro Burgos y su expareja, Daysuris Vásquez, presuntamente se fraguó un plan para desviar dineros de la Gobernación del Atlántico a sus bolsillos, a través de la Fundación Conciencia Social, cuando el hijo mayor del presidente Gustavo Petro se desempeñaba diputado de ese departamento. Para las movidas ilícitas, argumentó el ente investigador, Petro Burgos se habría aprovechado de su rol como servidor público.
Petro Burgos Vásquez habrían “utilizado” la fundación en 2022 para desviar millonarios contratos para atención psicosocial de adultos mayores. Al parecer, el dinero habría ido a parar en cheques cobrados por terceros y dinero en efectivo entregado a Petro Burgos y a Vásquez. El dinero, dijo la fiscal Laborde, se habría desviado mediante dos mecanismos: primero, mediante el pago de anticipos; y segundo, mediante contrataciones de personas con salarios “inflados” en la fundación, cuya diferencia habría ido a parar a los bolsillos del mayor de los hijos del presidente Gustavo Petro.