Fiscalía imputará al director de la UNP por presuntas fallas en la protección de Miguel Uribe Turbay
El proceso marca un hecho sin precedentes, pues Rodríguez se convierte en el primer alto funcionario del actual Gobierno en ser judicializado en relación con este crimen.
La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, por su presunta responsabilidad en omisiones relacionadas con el esquema de seguridad del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en junio del año pasado en Bogotá.
De acuerdo con el ente acusador, la imputación se realizará por el delito de prevaricato por omisión, al considerar que no se habrían atendido de manera adecuada las solicitudes de fortalecimiento y mejora en las medidas de protección del dirigente político.
El proceso marca un hecho sin precedentes, pues Rodríguez se convierte en el primer alto funcionario del actual Gobierno en ser judicializado en relación con este crimen.
Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá fue el encargado de radicar la solicitud de audiencia de imputación.
Según la Fiscalía, existen elementos que indicarían que desde la UNP no se respondieron oportunamente los llamados de alerta frente al riesgo que enfrentaba Uribe Turbay durante su actividad política.
El caso reavivó el debate sobre las falencias en la seguridad de candidatos y líderes políticos, un tema que ha generado múltiples cuestionamientos a la gestión de la UNP. La entidad ha sido señalada en reiteradas ocasiones por presuntas debilidades en la evaluación de riesgos y en la asignación de esquemas de protección.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia del precandidato, ha sostenido que existió una falla grave del Estado en la protección de Miguel Uribe Turbay.
Según ha manifestado, en varias oportunidades se solicitó el refuerzo de las medidas de seguridad sin que estas fueran atendidas de manera efectiva. Incluso, recordó que decisiones judiciales previas concluyeron que la protección brindada fue insuficiente frente al nivel de amenaza que enfrentaba el dirigente político.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado armado el 7 de junio, cuando participaba en un acto político en el parque El Golfito, en Bogotá. En ese momento recibió varios impactos de bala que le causaron heridas de extrema gravedad. Fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento el 11 de agosto.
Las investigaciones establecieron que el ataque fue ejecutado por un menor de 15 años, quien utilizó un arma de fuego tipo Glock calibre 9 milímetros. Desde entonces, las autoridades han vinculado el caso con estructuras criminales relacionadas con la disidencia conocida como la ‘Segunda Marquetalia’.
Con la imputación contra Augusto Rodríguez, ya son diez las personas que deberán responder ante la justicia por su presunta participación en el magnicidio. Entre ellas se encuentran el autor material del ataque y varios señalados como determinadores, colaboradores o facilitadores logísticos.
La Fiscalía también confirmó que la mayoría de los capturados han avanzado en negociaciones de preacuerdos, mediante los cuales aceptan su responsabilidad a cambio de rebajas de pena.
Mientras se define la fecha de la audiencia de imputación, el proceso contra el director de la UNP se perfila como una pieza clave para determinar si existió responsabilidad institucional en la falta de protección que habría permitido el crimen de Miguel Uribe Turbay.