Fiscalía judicializa a dos personas que harían parte de la red de corrupción que articuló un congresista

Como parte de un nuevo frente investigativo contra las redes que direccionan la contratación en los entes nacionales y territoriales, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.

Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de un senador; y el contratista Anderson González González. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Los cargos no fueron aceptados.

Investigación

En 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’ suscribieron el contrato interadministrativo N°670 de 2021, por 48.660 millones de pesos.

En atención a lo pactado, ‘Proyecta Quindío’ se encargó de viabilizar 27 proyectos de obra, con sus respectivas consultorías. Al parecer, aprovechó su régimen de contratación exceptuado, y de manera indebida seleccionó contratistas e interventores, previamente referenciados por los cabecillas de la red criminal.

De acuerdo con los elementos de prueba, la señora Rivera Bohórquez, en su rol de enlace de un senador, se comunicó con algunos funcionarios del DPS y ‘Proyecta Quindío’ para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos de obra e interventoría, 11 de los cuales habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.

En ese sentido, el contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador. Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron.

Los 11 contratos comprometidos ascienden en valor a 9.376 millones de pesos, y fueron suscritos en municipios de Tolima, de la siguiente manera:

• Purificación, contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella.
• Mariquita, contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella.
• Villarrica, contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella.
• Melgar, contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía.
• Piedras, contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles.
• Contrato denominado ‘Tolima Varios’, que correspondía a una consultoría por 629 millones).

Como parte de esta nueva línea de investigación, desde el inicio de las actividades de policía judicial la Fiscalía compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema para que, en el marco de sus competencias, indague la posible responsabilidad del congresista que encabezaría esta red de corrupción.