Gobernación del Cauca exige la liberación inmediata de sus funcionarios retenidos por las FARC-EP

La Gobernación del Cauca rechazó categóricamente el secuestro de nueve contratistas, siete mujeres y dos hombres, que cumplían labores sociales y humanitarias en zona rural de este municipio, y exigió su liberación inmediata, al tiempo que desmintió las acusaciones del grupo armado FARC-EP sobre presunta colaboración con el Ejército Nacional.

La administración departamental niega cualquier vínculo militar y denuncia la violación del Derecho Internacional Humanitario

Según el comunicado oficial, el grupo de trabajadores adelantaba tareas de acercamiento institucional con las comunidades más apartadas, en coordinación con las Juntas de Acción Comunal (JAC), para promover el diálogo territorial, facilitar el acceso a programas sociales y fortalecer la participación ciudadana.

“Se trataba de un ejercicio legítimo de servicio público, lejos de cualquier interés o acción militar, como erróneamente lo afirman los grupos armados”, reitera la Gobernación.

Este pronunciamiento se dio horas después de que las FARC-EP difundieran un comunicado adjudicándose la retención, afirmando que los funcionarios estarían instalando equipos tecnológicos al servicio del Ejército Nacional, en el marco de un contrato oficial, lo cual fue desmentido categóricamente por la administración de Octavio Guzmán.

Llamado al respeto del Derecho Internacional Humanitario

Desde Popayán, la Gobernación hizo un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, para garantizar la protección de los retenidos:

• A la Defensoría del Pueblo
• A la Procuraduría General de la Nación
• A las organizaciones internacionales humanitarias
• Al Gobierno Nacional

“Confiamos en que el camino hacia la paz se siga construyendo con acciones que pongan en el centro la vida, la dignidad y los derechos de todas las personas”, concluye el comunicado.

Este caso revive la preocupación por la presencia y accionar de grupos armados ilegales en el litoral Pacífico caucano, una región históricamente abandonada por el Estado y hoy en disputa territorial. La instrumentalización de trabajadores civiles como parte del conflicto representa una grave violación al Derecho Internacional Humanitario.

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