Gobernador Octavio Guzmán: Una Decisión Necesaria para Proteger el Bienestar del Cauca
En el día de hoy, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se enfrentó a una difícil decisión que, sin duda, marca el talante de su gestión.
Luego de agotar todas las instancias de diálogo con las comunidades lideradas por el señor Luis Enrique Yalanda, no tuvo otra opción que ordenar el despeje de la vía Panamericana. Este tipo de decisiones nunca son fáciles, pero en esta ocasión, se hizo con la firme convicción de proteger los derechos de todos los habitantes del suroccidente colombiano, especialmente de los más vulnerables.
Es importante reconocer que los objetivos de las comunidades lideradas por Yalanda son válidos y merecen ser escuchados. Sin embargo, no se puede permitir que en su afán de reivindicar derechos se violen los derechos de los demás. El cierre de la vía Panamericana no es solo un golpe a la movilidad, sino un atentado directo contra la economía y el bienestar de miles de familias que dependen de la circulación constante de bienes y servicios.
Cuando la Panamericana se bloquea, el impacto es devastador para Popayán, una ciudad que alberga a más de 300,000 habitantes, muchos de los cuales ya viven en condiciones precarias. Estos bloqueos disparan los precios de la canasta familiar, afectan a los pequeños comerciantes y generan un efecto dominó que golpea, sobre todo, a los más desfavorecidos. Como payaneses y caucanos, debemos tener clara esta realidad: las vías de hecho deben ser el último recurso, no el primero.
Si bien es cierto que las luchas de nuestras comunidades han dejado huella y han logrado importantes conquistas, también es cierto que los tiempos han cambiado. Hoy en día, está científicamente comprobado que los bloqueos de la Panamericana perjudican a todos, y los números no mienten. Popayán, que alguna vez fue una de las ciudades más económicas de Colombia, ha visto cómo su economía se deteriora tras cada bloqueo, sumado al estallido social y la pandemia del COVID-19.
Por ello, en este momento crítico, apoyamos la decisión del gobernador Octavio Guzmán. Su determinación no solo es un acto de autoridad, sino de responsabilidad social. Es necesario que todos, incluidos aquellos que buscan legítimas reivindicaciones, entiendan que el bienestar común debe prevalecer. No más bloqueos. Es momento de buscar soluciones que no sacrifiquen el bienestar de todo un pueblo en nombre de luchas individuales.
Es igualmente crucial que nuestros gobernantes consideren la posibilidad de interponer las acciones judiciales pertinentes contra quienes lideran y ejecutan estos bloqueos. Las vías de hecho no pueden ser aceptadas como un mecanismo válido de presión, especialmente cuando ponen en riesgo el bienestar de toda una región. La ley debe ser aplicada con firmeza para asegurar que quienes eligen este camino entiendan que las acciones que violan los derechos de los demás no quedarán impunes.