Gobierno alista nuevo protocolo para protestas: Policía podría intervenir ante hechos violentos
La propuesta permitiría que la Policía intervenga contra personas que estén protagonizando actos violentos, incluso mientras continúan las etapas de diálogo y mediación.
El Gobierno Nacional prepara un proyecto de decreto que modificaría el protocolo utilizado por las autoridades durante las manifestaciones públicas y abriría la puerta a intervenciones de la Policía contra quienes incurran en actos violentos, incluso mientras continúan los procesos de diálogo.
La propuesta busca modificar y adicionar disposiciones del Decreto 003 de 2021, que establece las reglas de actuación de las autoridades frente a la protesta social.
Uno de los principales cambios planteados consiste en permitir que las acciones de protección y restablecimiento del orden puedan desarrollarse de manera simultánea con el diálogo cuando, desde el inicio de una concentración, se presenten hechos violentos.
Entre las situaciones que contempla el borrador están el uso o porte de armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o elementos incendiarios. También incluye agresiones contra ciudadanos, policías, servidores públicos, periodistas o personal médico, así como la retención de personas y daños contra infraestructura pública o privada.
La medida no estaría dirigida contra toda la manifestación
De acuerdo con el proyecto, la intervención de las autoridades tendría que estar dirigida contra las personas que estén protagonizando los actos violentos y no contra quienes participen pacíficamente en la manifestación.
El documento también plantea que, en circunstancias específicas, las autoridades puedan pasar directamente a niveles posteriores de actuación cuando existan razones objetivas y verificables que impidan desarrollar previamente las etapas de facilitación, diálogo o mediación.
Entre los casos señalados aparecen los bloqueos que impidan el paso de organismos de socorro, afectaciones a servicios hospitalarios, desabastecimiento de alimentos, agua, combustible o medicamentos, utilización de armas o explosivos, destrucción de infraestructura, retención de personas y agresiones contra funcionarios, policías, periodistas o personal médico.
Estas decisiones tendrían que quedar registradas y sustentadas en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU), indicando aspectos como la hora, la autoridad que impartió la orden y las circunstancias que motivaron la actuación.
¿Qué pasaría después de una intervención?
El proyecto establece que el diálogo podría retomarse una vez finalicen los hechos violentos y existan condiciones para garantizar la seguridad y los derechos de quienes participan pacíficamente.
La propuesta mantiene, además, elementos del protocolo vigente, como la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y que el aviso previo no constituye un requisito para ejercer el derecho a la protesta.
También contempla que los uniformados no utilicen armas de fuego durante estas actuaciones.
El proyecto de decreto plantea así un cambio en la manera de responder ante protestas en las que se presenten hechos violentos, buscando que las autoridades puedan actuar de forma más inmediata frente a quienes sean identificados como responsables de esas conductas, sin que esto implique, según el texto, una intervención generalizada contra todos los manifestantes.