Gobierno decreta el fin de la suspensión general para el porte de armas de fuego en Colombia
El presidente Abelardo de la Espriella firmó la medida asegurando que se mantendrán los controles y requisitos legales, mientras la Fuerza Pública se enfocará en desarmar a los grupos ilegales.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en todo el territorio nacional. La decisión, difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, busca modificar el modelo de seguridad vigente al permitir que los ciudadanos que cumplen la ley puedan tramitar salvoconductos bajo estrictas evaluaciones de las autoridades competentes.
Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
— DE LA ESPRIELLA STYLE (@DELAESPRIELLAE) September 8, 2026
Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.
Las cifras… pic.twitter.com/dsZAshWMWS
A través de un pronunciamiento oficial, el jefe de Estado argumentó que la restricción generalizada afectó durante años a los ciudadanos respetuosos de las normas, mientras las estructuras criminales continuaron armándose sin control. De la Espriella aclaró que la directiva no implica una apertura indiscriminada al porte de armamento, sino el restablecimiento del régimen de permisos como excepción reglamentada y no como una prohibición absoluta.
Para justificar la decisión del Ejecutivo, el mandatario presentó las cifras operacionales registradas por la Fuerza Pública entre el 1.º de enero y el 3 de septiembre del presente año:
- Total de armas decomisadas: 15.700 armas de fuego incautadas en operativos de control.
- Vinculación con delincuencia: 14.179 del total incautado estaban directamente relacionadas con la comisión de delitos.
- Disidencias de las FARC: 980 armas incautadas a estos grupos, dentro de las cuales se destacan 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.
- Clan del Golfo: 551 armas de fuego incautadas a sus integrantes.
- ELN: 339 armas de fuego confiscadas durante las operaciones oficiales.
Precisiones sobre la regulación y postura gubernamental
El Gobierno enfatizó que los trámites de evaluación, requisitos psicológicos, antecedentes y permisos otorgados por las autoridades militares se mantendrán vigentes para la expedición de cada salvoconducto.
"Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla", puntualizó el presidente De la Espriella.
En su declaración, el mandatario remarcó el enfoque que tendrá la política de seguridad gubernamental frente al crimen organizado y la ciudadanía:
"La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos. Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley".
El levantamiento de la suspensión general reabre el debate sobre la seguridad ciudadana y la legítima defensa en regiones fuertemente golpeadas por la presencia de actores armados, como el departamento del Cauca y su capital, Popayán. Para el ciudadano de a pie, la efectividad de esta medida dependerá de la transparencia institucional en la entrega de permisos y de la capacidad real del Estado para combatir el flujo de armamento ilegal que alimenta la violencia urbana y rural.
Tras la firma del decreto, corresponde al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares detallar el protocolo operativo y los cronogramas para la atención de solicitudes de permiso de porte. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades regionales para conocer las directrices específicas que se aplicarán en los consejos de seguridad territoriales.
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