Gobierno elimina la prima especial de servicios para nuevos congresistas desde julio de 2026
La decisión hace parte de una reforma al esquema salarial del Legislativo, orientada a fortalecer la austeridad, la sostenibilidad fiscal y los principios de equidad en el gasto público.
El Gobierno nacional oficializó, mediante decreto, la eliminación de la prima especial de servicios para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.
La decisión hace parte de una reforma al esquema salarial del Legislativo, orientada a fortalecer la austeridad, la sostenibilidad fiscal y los principios de equidad en el gasto público.
Esta prima, que alcanzaba un valor cercano a los 16 millones 914 mil pesos mensuales, no correspondía a la tradicional prima de servicios semestral, sino que hacía parte de uno de los tres componentes que integraban el ingreso mensual de los congresistas.
Hasta ahora, la remuneración estaba conformada por el sueldo básico, la prima especial de servicios y los gastos de representación.
Con la eliminación de este beneficio, el salario de los nuevos legisladores quedará compuesto únicamente por dos factores: el salario básico y los gastos de representación, lo que representa una reducción directa en el monto total de su ingreso mensual.
La prima especial había sido creada en 2013 mediante el Decreto 2170, norma que ahora queda derogada. Según el Ejecutivo, mantener ese pago ya no resulta coherente con el marco constitucional, fiscal y administrativo actual. En el decreto se explica que el Estado debe revisar de manera periódica sus esquemas de remuneración para garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.
“El ajuste responde a la necesidad de asegurar la sostenibilidad fiscal, racionalizar el gasto y promover condiciones de mayor equidad”, señala el documento oficial.
Respaldo jurídico de la medida
El decreto retoma lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia CA-08 de 2021, en la que se aclara que los derechos laborales no son absolutos y que su modificación no implica necesariamente una vulneración. En esa decisión, el alto tribunal precisó que:
“La prohibición de desmejora de los derechos sociales de los trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos”.
Asimismo, la Corte indicó que el reajuste salarial no debe aplicarse de manera uniforme para todos los servidores públicos sin tener en cuenta factores como el nivel de ingresos, por lo que no existe una obligación automática de incremento en todos los casos.
Brecha entre salarios y realidad económica
El Gobierno argumentó que la remuneración de los congresistas resulta desproporcionada frente al ingreso promedio de la población colombiana y a las condiciones económicas actuales del país. Esta diferencia, según el Ejecutivo, dificulta el cierre de brechas sociales contemplado en la Ley 2294 de 2023, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
En ese sentido, la eliminación de la prima especial busca “reorientar la senda del gasto público” y aplicar medidas de austeridad que no afecten derechos fundamentales ni la estabilidad del régimen laboral.
Vigencia de la medida
La disposición está incluida en el Decreto 003 de 2026 y tendrá efectos fiscales a partir del 20 de julio de ese año. Solo aplicará para los congresistas que se posesionen desde esa fecha en adelante, por lo que no tendrá impacto en quienes ya se encuentren en ejercicio de sus funciones.
El decreto también ratifica que el Departamento Administrativo de la Función Pública es la única autoridad competente para emitir conceptos en materia salarial y prestacional de los servidores públicos.
Con esta decisión, el Gobierno busca enviar un mensaje de austeridad institucional y coherencia frente a las condiciones económicas del país, en un contexto de ajustes fiscales y demandas de mayor equidad en la distribución de los recursos del Estado.