Gobierno expide decretos para aliviar deudas del agro y reactivar el campo tras emergencia invernal

El Gobierno nacional oficializó en la noche de este martes 24 de febrero un paquete de medidas tributarias con el que espera recaudar cerca de 8 billones de pesos para atender la emergencia provocada por la ola invernal en varias regiones del país. Los recursos estarán dirigidos a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, afectados por inundaciones y deslizamientos.

Las decisiones fueron adoptadas en el marco del estado de emergencia económica declarado mediante el Decreto 0150, figura excepcional con la que el Ejecutivo busca agilizar la destinación de recursos y la expedición de normas urgentes ante la magnitud de la crisis.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el momento se han reportado 131 emergencias en 181 municipios de 16 departamentos, con más de 69.000 familias damnificadas y 87.054 hectáreas afectadas por inundaciones.

En una comunicación enviada a la Corte Constitucional, el presidente Gustavo Petro calificó la situación como “una tragedia en curso” que exige medidas inmediatas y recursos extraordinarios.

Entre las disposiciones más relevantes se encuentra la modificación al impuesto al patrimonio. Según uno de los decretos publicados, se aplicará una tarifa general del 0,5 % para personas jurídicas con patrimonios superiores a 200.000 UVT —equivalentes a cerca de 10.474 millones de pesos—. Para las empresas del sector financiero y del renglón minero-energético, la tarifa será del 1,6 %.

El tributo podrá pagarse en dos cuotas: el 50 % el 1 de abril de este año y el 50 % restante el 4 de mayo de 2026. El Gobierno ha insistido en que los recursos recaudados tendrán destinación exclusiva para la atención de la emergencia climática en los territorios priorizados.

La administración Petro justificó la inclusión de las personas jurídicas como sujetos pasivos del impuesto argumentando que aquellas con mayor capacidad patrimonial pueden aportar al financiamiento de la crisis sin comprometer su estabilidad.

No obstante, la medida ha generado reparos en algunos sectores académicos y empresariales. Brandon Espinel, profesor de la Universidad del Rosario y miembro de la Red de Trabajo Fiscal, advirtió que la decisión podría afectar la dinámica empresarial. A su juicio, gravar el patrimonio en este contexto “impacta al motor productivo y castiga a las empresas por la tenencia de activos fijos”.

Además de los ajustes tributarios, el paquete incluye disposiciones en materia agrícola, ambiental —como facultades adicionales a la ANLA sobre proyectos hidroeléctricos— y medidas para garantizar la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en las zonas más afectadas.

En el marco de la emergencia económica declarada por la ola invernal, el Gobierno expidió el Decreto 0175 con el que busca implementar medidas extraordinarias y transitorias para aliviar la carga financiera del sector rural, uno de los más golpeados por las lluvias de las últimas semanas.

La norma contempla mecanismos de refinanciación de deudas, acceso urgente al crédito y programas de normalización de cartera para mitigar la descapitalización de productores campesinos afectados. El énfasis estará en pequeños productores de bajos ingresos, con prioridad para mujeres rurales, población desplazada y excombatientes en proceso de reincorporación.

Uno de los instrumentos centrales es la creación del Plan de Alivio a la Deuda Agropecuaria (PADA), dirigido a pequeños productores con créditos de fomento agropecuario adquiridos con el Banco Agrario de Colombia. El programa cubrirá hasta 12 millones de pesos por beneficiario, destinados a abonos a capital o intereses.

Para acceder al PADA, los solicitantes deberán cumplir tres condiciones: contar con obligaciones respaldadas con garantía real o mobiliaria; tener cartera vigente con el Banco Agrario hasta por 14.844 UVB; y demostrar afectación directa por los hechos que motivaron la declaratoria de emergencia.

El decreto también crea el Programa Especial de Compra de Cartera Agropecuaria, que permitirá, de manera temporal, la adquisición de cartera —incluida la de redescuento y sustitutiva— con el propósito de facilitar la recuperación económica de pequeños productores. En ese contexto, se ordena a Finagro y al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) transferir a la Central de Inversiones S.A. (CISA), en un plazo máximo de seis meses, la cartera agropecuaria afectada desde el 1 de enero de 2026 correspondiente a productores impactados por la emergencia.

De manera complementaria, la norma suspende temporalmente los procesos de cobro relacionados con créditos de fomento agropecuario y establece un nuevo programa de financiamiento que combinará crédito fresco, subsidios a la tasa de interés, periodos de gracia, garantías, seguros e incentivos para la recuperación productiva. El objetivo es impulsar proyectos con enfoque de adaptación al cambio climático y fortalecimiento de cadenas de valor, que permitan generar mayor productividad y economías de escala.

En paralelo, el Decreto 0174 autoriza al Ejecutivo a declarar de utilidad pública la adquisición de predios rurales, unidades productivas y franjas de terreno necesarias para conjurar la emergencia. La medida busca facilitar la reubicación —temporal o definitiva— de explotaciones agrícolas afectadas, así como ejecutar obras de infraestructura y adecuación de tierras.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibirá facultades especiales para adelantar procesos de ocupación, adquisición, saneamiento y deslinde de predios. Además, se ordena que los trámites ante oficinas de registro vinculados a la emergencia se resuelvan en un plazo máximo de un día hábil.

El sector agropecuario figura entre los más afectados por la temporada de lluvias. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta el 6 de febrero se contabilizaban cerca de 19.800 hectáreas productivas impactadas. El Ministerio de Agricultura, por su parte, estima que alrededor de 450.000 animales de producción hacen parte del balance preliminar de pérdidas.

Con este paquete de medidas, el Gobierno busca contener el deterioro financiero del campo y acelerar la recuperación de la actividad agropecuaria en las zonas más golpeadas por la emergencia climática.