Gobierno Nacional ordena revisión de fotomultas en Colombia y pone la lupa sobre el modelo de Popayán

El Ministerio de Transporte anunció este domingo 23 de agosto de 2026 una revisión integral e inmediata a todos los sistemas de fotomultas del país, por instrucción directa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella.

La decisión gubernamental busca verificar que estos dispositivos respondan estrictamente a la prevención de accidentes y no a fines recaudatorios de operadores privados, un anuncio que sacude directamente a la administración municipal de Popayán frente al cuestionado manejo de sus cámaras de fotodetección.

La medida oficial fue notificada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte iniciará las auditorías técnicas sobre los radares de fotodetección que operan en los municipios de Colombia.

Auditoría técnica y financiera a los concesionarios

El Gobierno Nacional evaluará la siniestralidad, señalización, límites de velocidad y autorizaciones vigentes de cada radar y cámara de foto detección instalada en el territorio nacional. Aquellos contratos u operaciones que no posean sustento técnico y prioricen el recaudo financiero sobre la seguridad vial enfrentarán sanciones y suspensión de licencias.

"La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos. Revisaremos a fondo su funcionamiento en todo el país y, donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde".

El impacto directo en el escenario de Popayán

En Popayán, la gestión de las fotomultas ha derivado en un estancamiento jurídico impulsado por las acciones de la firma jurídica J&M abogados, quien exige que la Secretaría de Tránsito aplique el principio de prescripción a los comparendos con más de tres años de antigüedad. La orden dada por la Presidencia de la República deja bajo un estrecho escrutinio los aspectos clave denunciados en la capital del Cauca:

• Desatención a fallos de tutela: La Secretaría de Tránsito y Transporte de Popayán ha dilatado la depuración de la base de datos de infractores ordenada por jueces de la República.
• Rentabilidad privada vs. carga pública: El operador privado percibe millonarios ingresos por el recaudo de comparendos, mientras la administración territorial asume las disputas legales y las deficiencias de movilidad.
• Cuestionamientos por equidad: Periodistas locales denunciaron recientemente la exoneración expedita de comparendos a allegados de figuras políticas, mientras los ciudadanos comunes se enfrentan a extensos trámites administrativos.
• Nuevos criterios de instalación: El Ministerio endurecerá las condiciones regulatorias para evitar que la instalación de cámaras responda a intereses de lucro privado.

La orden del Ejecutivo nacional reconfigura el panorama de la movilidad en Popayán al confrontar directamente los modelos donde prima el recaudo particular sobre la pedagogía vial.

Mientras miles de conductores caucanos afrontan trámites sin resolver e incumplimientos de los términos de prescripción legal, la auditoría del Ministerio de Transporte proporciona un marco institucional para fiscalizar las concesiones locales y revaluar el contrato con el operador privado.

El Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte entregarán los primeros reportes de las auditorías en las distintas regiones. En Popayán, la Secretaría de Tránsito y la Alcaldía Municipal deberán demostrar la validez técnica de sus cuestianadas camaras de foto detección.

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