Gobierno Petro insiste en que se trata de un montaje; Fiscalía acelera indagaciones tras solicitud del jefe de Estado

En un ambiente de tensión política y judicial, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, sostuvo el pasado 28 de noviembre una reunión a puerta cerrada con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para abordar la crisis generada por las revelaciones sobre una presunta infiltración de las disidencias de las Farc —lideradas por alias Calarcá— en varias instituciones del Estado, entre ellas las Fuerzas Militares y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El ministro Idárraga explicó que en la cita se discutieron en detalle las investigaciones que involucran a un funcionario de la DNI y a un general del Ejército recientemente reincorporado a dicha institución. En el centro de la investigación se encuentra el material incautado cuando alias Calarcá fue sorprendido en Antioquia a bordo de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), portando armamento.

Según explicó el ministro, el presidente Gustavo Petro transmitió a la fiscal general una solicitud formal para realizar un exhaustivo examen forense de todos los dispositivos electrónicos pertenecientes a alias Calarcá, así como la revisión minuciosa de la cadena de custodia del material confiscado.

El mensaje del Gobierno, transmitido por Idárraga, fue categórico: “solicitamos (…) la valoración forense de todos los dispositivos electrónicos (…) para que el país pronto sepa la verdad detrás de esta controversia nacional”.

Desde el Ejecutivo, la línea narrativa ha sido firme: niegan que exista infiltración y en cambio sostienen que todo se trata de un montaje con intencionalidad política para desprestigiar al Gobierno del Cambio.

El propio ministro Idárraga afirmó que, en su criterio, el caso ha sido “construido” para atacar a la administración Petro. Esta postura ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores afines al gobierno respaldan la tesis, opositores exigen prudencia y subrayan que las conclusiones deben provenir exclusivamente de la Fiscalía y de procedimientos técnicos verificables.

A raíz de la reunión, se confirmó que la Fiscalía aceleró el proceso en curso, que inicialmente se desarrollaba en un despacho de Antioquia. Ahora, el ente acusador prepara la revisión de miles de documentos y archivos digitales que podrían detallar posibles nexos entre miembros del Estado y la estructura criminal de alias Calarcá, así como información sobre presuntas finanzas clandestinas de la organización.

La fiscal general, Camargo, habría transmitido al Gobierno que recibirá y valorará todas las pruebas que este aporte, y que los resultados —ya sean confirmatorios o desvirtuadores— se comunicarán al país a través de los canales judiciales correspondientes.

En medio del proceso, la Procuraduría tomó una decisión contundente: ordenó la suspensión provisional de Wilmar Mejía, director de Inteligencia Estratégica de la DNI, y del general Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército. Esta medida busca evitar interferencias o afectaciones en el desarrollo de las investigaciones.

La suspensión deja en evidencia la gravedad percibida del caso y el interés por garantizar transparencia institucional, especialmente ante una ciudadanía que observa con preocupación las versiones contrapuestas.

Las investigaciones tocan fibras sensibles del Estado colombiano: la seguridad nacional, la confianza en los organismos de inteligencia y el alcance de las disidencias armadas en el escenario institucional. Al mismo tiempo, el caso refleja el ambiente de polarización política en el que cada hecho se interpreta —o se instrumentaliza— desde posiciones preexistentes.

Hoy el país espera que las indagaciones avancen con rigurosidad técnica y sin interferencias políticas, y que los resultados permitan establecer con claridad si hubo infiltración real en entidades del Estado o si, como sostiene el Ejecutivo, se trata de un montaje dirigido a socavar la legitimidad del Gobierno.