Gobierno pone la lupa sobre $960.000 millones en convenios indígenas y anuncia medidas de seguridad

El presidente Abelardo De La Espriella anunció la revisión de 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas.

Gobierno pone la lupa sobre $960.000 millones en convenios indígenas y anuncia medidas de seguridad

Según El presidente Abelardo De La Espriella anunció la revisión de 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas. comprometen cerca de $960.000 millones y más de $672.000 millones ya habrían sido desembolsados.

El Gobierno Nacional anunció este jueves 17 de septiembre una revisión de la relación institucional y financiera del Estado con los pueblos indígenas, que incluye una auditoría sobre 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y nuevas acciones frente a los problemas de seguridad que enfrentan comunidades en territorios como el Cauca.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que en esos convenios aparecen aproximadamente $960.000 millones comprometidos y más de $672.000 millones desembolsados. Según el mandatario, en la información examinada por su administración no aparece registro de que alguno haya sido liquidado.

La ausencia de liquidación, por sí sola, no demuestra corrupción ni apropiación irregular de recursos. La revisión anunciada deberá establecer el estado contractual de cada convenio, su ejecución financiera, los soportes correspondientes y el destino efectivo del dinero.

Gobierno anuncia revisión de los 67 convenios

De La Espriella aseguró que ordenó examinar detalladamente los convenios para determinar si los recursos fueron ejecutados correctamente, si existen soportes suficientes y si eventualmente aparecen hechos que deban ser puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

El mandatario también planteó cambios en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Su Gobierno, dijo, mantendrá el reconocimiento de sus derechos y de la consulta previa, pero pretende fortalecer proyectos productivos, infraestructura, tecnología y participación de las comunidades en proyectos estratégicos.

Asimismo, señaló que se revisarán los procedimientos relacionados con la consulta previa para evitar que intermediarios, funcionarios, empresas o dirigentes puedan convertir ese mecanismo constitucional en fuente de negocios particulares. Esa afirmación corresponde a la posición expresada por el presidente durante el encuentro con representantes indígenas.

Cauca, territorio indígena bajo presión de los grupos armados

Otro componente del anuncio está relacionado con la seguridad.

El Gobierno puso sobre la mesa la situación que enfrentan comunidades indígenas amenazadas por estructuras armadas ilegales y aseguró que mantendrá canales de comunicación directa para atender estos casos.

De La Espriella sostuvo que ningún grupo armado puede atribuirse la representación de una comunidad indígena y reivindicó el monopolio constitucional del uso legítimo de las armas por parte del Estado.

El asunto tiene especial relevancia para el Cauca, uno de los departamentos con mayor presencia de comunidades indígenas y donde históricamente confluyen disputas territoriales, economías ilícitas, presencia de estructuras armadas y reivindicaciones sobre la tierra.

La revisión deberá pasar de los anuncios a los documentos

Los $960.000 millones no pueden presentarse todavía como recursos perdidos, desviados o producto de corrupción. Son, según las cifras reveladas por el presidente, recursos comprometidos dentro de los 67 convenios que ahora serán revisados.

La diferencia es fundamental.

Será el examen individual de los contratos, sus desembolsos, informes de ejecución, supervisión, cumplimiento de obligaciones y liquidación el que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos.

Si la revisión encuentra irregularidades, corresponderá a los organismos competentes determinar eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales.

Para el Cauca el seguimiento será especialmente importante: buena parte del debate sobre la política indígena no se limita a cuánto dinero destina el Estado, sino a quién lo administra, cómo se ejecuta, qué llega realmente a las comunidades y qué resultados quedan en los territorios.

Ese será el verdadero examen de los 67 convenios anunciados por el Gobierno.

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