Gobierno propone estrictos controles a drones para combatir atentados terroristas
La iniciativa busca controlar la importación, fabricación, comercialización y uso de drones, sin afectar las actividades legales de quienes utilizan esta tecnología con fines comerciales o productivos.
A un día de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional volvió a presentar ante el Congreso el proyecto de ley que busca regular el uso de drones en Colombia, una iniciativa que el Ministerio de Defensa considera prioritaria ante el aumento de atentados cometidos con estos dispositivos.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que en los últimos dos años se han registrado 328 víctimas, entre civiles y miembros de la Fuerza Pública, como consecuencia de ataques perpetrados con drones cargados con explosivos.
Según las cifras entregadas por la cartera de Defensa, el 88 % de estos hechos han sido atribuidos a las disidencias de las FARC al mando de alias "Iván Mordisco", mientras que el 12 % restante corresponde a acciones del ELN. Los departamentos con mayor afectación son Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.
La propuesta legislativa busca establecer reglas claras para la importación, fabricación, comercialización, adquisición y operación de drones en el país. Además, contempla controles específicos para evitar que estos equipos sean utilizados por organizaciones criminales sin afectar su uso en actividades comerciales, agrícolas, industriales o de innovación.
Otro de los puntos del proyecto crea un marco legal para el empleo de sistemas antidrones, los cuales solo podrían utilizarse en labores de vigilancia y seguridad privada bajo condiciones estrictamente reguladas y supervisadas por las autoridades competentes.
El ministro Sánchez enfatizó que el objetivo no es restringir el desarrollo tecnológico, sino impedir que estas aeronaves sean empleadas como armas por grupos armados ilegales.
Dos ataques que encendieron las alarmas
Entre los hechos que motivan la iniciativa se encuentra el ataque del 28 de febrero de 2026 en el sur de Bolívar, cuando un helicóptero del Ejército fue impactado por explosivos lanzados desde un dron durante una operación militar, dejando ocho uniformados heridos.
Otro caso ocurrió el 29 de junio de 2026 en El Tarra, Norte de Santander, donde un ataque con drones explosivos, atribuido al ELN, dejó un soldado muerto y cuatro militares heridos.
Con este proyecto, el Gobierno busca fortalecer la seguridad nacional, proteger a la población civil y a la Fuerza Pública, y cerrar el paso al uso de drones por parte de organizaciones criminales y grupos armados ilegales.