Gobierno reduce esquemas de seguridad de exfuncionarios de Petro: Lara explica la medida

El Gobierno nacional confirmó ajustes en los esquemas de protección asignados a varios exfuncionarios de la administración de Gustavo Petro, una decisión que ha generado discusión por el alcance de las medidas adoptadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró que la protección no ha sido eliminada por completo para las personas afectadas, sino que algunos dispositivos fueron reducidos y llevados a un nivel básico, de acuerdo con la valoración actual del riesgo.

Lara explicó que el hecho de haber ocupado un cargo de alto nivel en el pasado no implica necesariamente conservar el mismo esquema de seguridad una vez terminado el periodo en la función pública.

UNP revisa los esquemas asignados durante el anterior Gobierno

La decisión se conoce en medio de una revisión adelantada por la UNP, actualmente dirigida por Didier Blanco, sobre las medidas de protección asignadas durante la administración anterior.

Entre los exfuncionarios mencionados en las decisiones aparecen los exministros Guillermo Alfonso Jaramillo, Armando Benedetti, Germán Ávila, Antonio Sanguino, Diana Morales, Yesenia Olaya y Rosa Yolanda Villavicencio, además de otros antiguos altos funcionarios.

También figuran nombres como Otty Patiño, Carlos Carrillo, Jorge Lemus, Jaime Dussán, José Antonio Ocampo y Ángela María Robledo, entre otros.

En el caso de Jorge Lemus, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, el exfuncionario anunció que presentará un recurso de apelación contra la decisión relacionada con su esquema.

Lara dice que los esquemas deben responder al nivel de riesgo

El ministro del Interior sostuvo que las medidas de protección deben guardar relación con las condiciones de seguridad que enfrenta actualmente cada persona y no únicamente con el cargo que ocupó.

Según Lara, la revisión busca evitar que antiguos funcionarios mantengan dispositivos de protección de gran tamaño cuando las evaluaciones determinen que su nivel de riesgo ya no requiere ese despliegue.

El funcionario también señaló que parte de los recursos humanos destinados a estos esquemas podrían ser utilizados en labores de seguridad ciudadana.

La discusión sobre el gasto de la UNP

La revisión de los esquemas comenzó a tomar fuerza desde finales de agosto, cuando se anunció que la nueva dirección de la UNP evaluaría las medidas otorgadas durante el Gobierno Petro.

La controversia se centra ahora en determinar cuáles personas deben conservar protección especial, cuáles requieren ajustes y cuáles podrían dejar de contar con los dispositivos asignados, de acuerdo con las respectivas evaluaciones de riesgo.

Mientras el Gobierno sostiene que se busca racionalizar los recursos y mantener las medidas necesarias, los afectados cuentan con mecanismos para controvertir las decisiones adoptadas por la entidad.