Gobierno y sectores aliados llaman a defender aumento salarial en las calles
En el suroccidente del país se anuncian movilizaciones en las principales ciudades.
Tras la suspensión del decreto que establecía un incremento del 23 % en el salario mínimo, decisión adoptada por el Consejo de Estado, el Gobierno Nacional inició el análisis de alternativas jurídicas y políticas para enfrentar el nuevo escenario, en medio de un ambiente preelectoral que empieza a marcar la agenda pública del país.
El presidente Gustavo Petro manifestó que su gabinete ministerial y los sectores políticos cercanos a su proyecto deben promover movilizaciones ciudadanas en defensa del aumento salarial. El pronunciamiento se produce cuando faltan pocas semanas para la primera jornada electoral del 2026, en la que los colombianos acudirán a las urnas para participar en procesos legislativos y consultas políticas.
La coincidencia entre la suspensión del decreto y el calendario electoral ha generado un intenso análisis en la Casa de Nariño, donde se evalúan estrategias para posicionar el tema del salario mínimo dentro del debate político. Sectores cercanos al Gobierno consideran que la discusión puede convertirse en un eje central de las campañas de los movimientos que respaldan el proyecto político del actual mandatario.
En este contexto también cobra relevancia la propuesta de convocar una asamblea constituyente, iniciativa impulsada por el jefe de Estado como una vía para reformar la estructura institucional. El mandatario ha sostenido que durante su administración algunas entidades del Estado no han respaldado sus reformas, por lo que considera necesario fortalecer la presencia de sectores afines a su agenda dentro de las instituciones.
El discurso del Ejecutivo ha incluido críticas a organismos como la Corte Constitucional, el Congreso de la República, la Fiscalía General de la Nación y el propio Consejo de Estado. Según el Gobierno, algunas decisiones adoptadas por estas entidades han limitado la implementación de sus propuestas, mientras que los sectores opositores defienden la independencia de poderes consagrada en la Constitución.
En declaraciones públicas, el presidente Petro aseguró que la suspensión del decreto del salario mínimo podría afectar la garantía constitucional del poder adquisitivo de los trabajadores y reiteró que el Gobierno tiene la responsabilidad de cumplir el mandato ciudadano expresado en las urnas, así como de proteger los derechos laborales.
En la misma línea, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, retomó el argumento de un presunto “bloqueo institucional”. El funcionario mencionó decisiones judiciales relacionadas con la reforma pensional, el freno al primer decreto de emergencia económica y el archivo de la reforma a la salud en el Legislativo, además de cuestionar decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre procesos políticos recientes.
Este discurso también ha sido adoptado por sectores políticos aliados al Gobierno, especialmente dentro de la coalición denominada Frente por la Vida. Entre ellos, el dirigente y candidato Roy Barreras ha promovido movilizaciones ciudadanas en respaldo al aumento del salario mínimo, postura que coincide con la estrategia planteada desde el Ejecutivo y que comienza a perfilarse como uno de los temas centrales del debate electoral.