Golpe a Rappi: millonaria sanción por engañar y fallar a sus usuarios en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó una contundente sanción contra la plataforma de domicilios Rappi, tras evidenciar múltiples vulneraciones a los derechos de los consumidores en el país.

De acuerdo con la entidad, la compañía deberá pagar multas que superan los $4.003 millones, luego de comprobar fallas en la calidad del servicio, publicidad engañosa, cobros no autorizados, cláusulas abusivas e incumplimiento de órdenes previamente impartidas por la autoridad.

Entre los hallazgos más preocupantes, la SIC documentó casos en los que los usuarios recibieron productos en mal estado, incompletos, equivocados o fuera de los tiempos prometidos.

A esto se suma una deficiente atención a peticiones, quejas y reclamos, donde incluso algunos usuarios no obtuvieron respuesta pese a permanecer largos periodos en los canales de atención.

La investigación también evidenció irregularidades en el manejo de garantías, incluyendo situaciones en las que los productos no fueron entregados y no se brindaron soluciones efectivas.

Además, se detectaron cobros relacionados con membresías como Rappi Prime y Rappi Pro sin la debida autorización de los usuarios, así como información insuficiente sobre estos servicios.

Otro de los puntos críticos fue la presencia de cláusulas consideradas abusivas y la falta de mecanismos adecuados para el seguimiento de reclamaciones. Asimismo, la entidad encontró inconsistencias en promociones y ofertas, lo que configuraría casos de publicidad engañosa.

La SIC también señaló que Rappi incumplió órdenes emitidas anteriormente, especialmente las contenidas en la Resolución 27648 de 2024, que buscaban prevenir afectaciones a los consumidores.

Este no es un hecho aislado. En los últimos cinco años, la plataforma ha sido sancionada en al menos tres ocasiones, lo que fue considerado como un agravante al momento de imponer la nueva multa.

Con esta decisión, la Superintendencia envía un mensaje claro sobre la necesidad de garantizar la protección de los consumidores en entornos digitales y el cumplimiento de las normas por parte de las plataformas tecnológicas que operan en Colombia.