Gustavo Martínez proyecta al Senado el control político que ya depura multas ilegales en los territorios

Gustavo Martínez, candidato al Senado de la República por el Partido de la U con el número 24, ha centrado su plataforma legislativa en una problemática que afecta la economía de miles de colombianos: la permanencia ilegal de multas de tránsito prescritas.

Lejos de las promesas abstractas, Martínez propone escalar al Congreso un ejercicio de control político que ya arroja resultados en Popayán y diversos municipios del Cauca, buscando obligar a las entidades administrativas a cumplir con la depuración de carteras vencidas que hoy bloquean la vida financiera de los conductores.

La propuesta de Martínez no se presenta como una solución mesiánica, sino como un ejercicio riguroso de las facultades constitucionales. El candidato ha sido enfático en aclarar que un senador no tiene la facultad de "borrar" multas, pero sí posee la herramienta más poderosa del Legislativo: el control político.

Este instrumento permite citar a ministros y directores de entidades, activar a los organismos de control y presionar públicamente para que se cumpla la ley.

La deuda del Estado con el ciudadano

El problema identificado no radica en la falta de leyes, sino en la omisión administrativa. Según la legislación colombiana, las multas de tránsito tienen un periodo de vigencia tras el cual pierden fuerza ejecutoria. No obstante, muchas secretarías de tránsito, en su mayoría en manos de empresas privadas, como en Popayán es Quipux, mantienen estos registros activos, impidiendo trámites de traspaso, renovación de licencias y acceso a créditos.

"El problema no es normativo; el problema es administrativo y político. Las entidades no cumplen la ley y, hasta ahora, pocos se han atrevido a obligarlas", señaló Martínez.

Alianzas técnicas y jurídicas
Para sustentar este proceso, la campaña de Martínez se apoya en la experticia de la firma JM Abogados & Asesores, quienes han estructurado las acciones formales que hoy se ejecutan en el Cauca. Esta articulación busca que el ciudadano no deba recurrir a litigios costosos o trámites interminables para que el Estado respete los límites legales de su capacidad de cobro.

• Impacto regional: El esquema de depuración ya se aplica con éxito en Timbió, Popayán se resiste, pero lo deberá hacer, tal y como se lo ordena la ley.
• Seguridad jurídica: Se busca eliminar el cobro de obligaciones que han perdido vigencia.
• Derecho al trabajo: Cientos de conductores ven afectada su fuente de ingresos por reportes de multas que técnicamente ya no existen.

Mantener activa una multa prescrita no es solo un error administrativo; es un cobro ilegal. Cuando el Estado vulnera la seguridad jurídica, el ciudadano pierde la confianza en las instituciones. Este control político pretende que las oficinas de tránsito dejen de operar de forma arbitraria y comiencen a depurar sus registros de oficio, garantizando que nadie pague por una deuda que la ley ya declaró extinta.

La apuesta de Gustavo Martínez al Senado (U-24) se perfila como una propuesta institucional y pragmática que busca sanear la relación entre el Estado y el contribuyente. Al llevar esta discusión al escenario nacional, se pretende que la protección al ciudadano frente a los abusos administrativos deje de ser una excepción regional y se convierta en una política de cumplimiento obligatorio en todo el país.

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