Hospital San José busca alternativas sindicales para mejorar condiciones laborales

La Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, con amplia experiencia académica y de consultoría en organismos internacionales, afirmó recientemente:

“Los contratos sindicales desnaturalizan el carácter de las organizaciones sindicales”. La ministra aborda un tema que muy pocas personas se atreven a criticar. Para entender mejor esta afirmación, es importante repasar que un contrato de trabajo tiene tres elementos esenciales: la prestación personal del servicio por parte del trabajador, la subordinación (que reciba órdenes) y una remuneración, periódica o por labor. Esto significa que cuando se presentan estas tres situaciones, una persona está ante un contrato de trabajo, sin importar el documento que se haya firmado, y se llama contrato realidad.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia acepta el contrato sindical como una especie de negocio jurídico dentro de nuestro ordenamiento jurídico que, según el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en: «[…] el contrato que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados […]»

En la práctica, muchos sindicatos son controlados por la junta directiva para beneficio propio. En otros casos, los sindicatos son creados por políticos o particulares con el propósito de contratar. En la práctica, los sindicatos no son el resultado de un ejercicio democrático que recoja el interés de un grupo de personas para trabajar en conjunto y tener igualdad y proporcionalidad en los beneficios.

El ingreso que obtiene el asociado de un contrato sindical no se considera sueldo o salario, sino una compensación por su trabajo. En muchos casos, no se reconocen prestaciones sociales, aunque en algunas organizaciones se liquiden las equivalencias de las prestaciones, que en teoría no son obligatorias por no tratarse de un contrato laboral entre el trabajador y el sindicato. Este tipo de vinculación permite el despido del trabajador en cualquier momento sin indemnización.

Esta forma de contratación ha llegado a desfigurarse y convertirse en una herramienta para la corrupción, ya que, al tratarse de un contrato de trabajo en grupo, se factura sin importar el número de personas asociadas a la obra o labor contratada. Es decir, el contrato no se paga por el número de personas contratadas, sino por la tarea realizada, la cual depende de cada entidad. De esta forma, las coimas de los ordenadores del gasto se camuflan en este tipo de contratos, como un mayor valor, práctica común en las instituciones públicas de salud, energía, aseo, etc.

Los sindicatos, por su carácter de no contribuyente de renta, no pagan impuesto de renta. Además, contratan, por ejemplo, labores contables que solo pueden ser prestadas por personas naturales con vinculación directa, o por sociedades donde más del 80% de los socios sean contadores, y el servicio es gravado. Así, los sindicatos estarían realizando prácticas ilegales y dejando de facturar IVA por estos servicios.

La situación en el hospital San José de Popayán es un ejemplo concreto de los problemas mencionados. El actual gerente, Juan Carlos Arteaga, ha manifestado públicamente su intención de encontrar propuestas de otros sindicatos que procuren mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud. Hemos conocido que varios sindicatos que prestan servicios en el hospital San José tienen demandas por no prestar un servicio de calidad. Esta postura del gerente es un paso necesario y valiente para enfrentar la corrupción y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del hospital.

La señoara ministra podría haberse quedado corta en su aseveración. Es un tema que debería tratarse a fondo y corregirse, y el apoyo a las decisiones del gerente del hospital San José es esencial para avanzar en la dirección correcta.