Protestas en el Hospital San José de Popayán: el choque por supuestas cuentas pendientes y la prohibición legal de prorrogar contratos sindicales
Las manifestaciones del personal asistencial coinciden con el vencimiento del plazo dado por las organizaciones sindicales a la administración y la entrada en vigor del Decreto 0661 de 2026, que exige desmontar la tercerización laboral en las ESE.
El Hospital Universitario San José de Popayán enfrenta una compleja jornada de manifestaciones en sus pasillos por parte de auxiliares de enfermería y personal asistencial que reclaman el pago de cuentas del mes de julio. Sin embargo, la tensión trasciende la cartera pendiente: las protestas estallaron tras cumplirse este 19 de agosto de 2026 el plazo fijado por más de 32 organizaciones sindicales para exigir la continuidad de sus contratos, justo cuando la entrada en vigencia del Decreto 0661 de 2026 prohibió expresamente la prórroga de contratos sindicales para actividades misionales permanentes en las Empresas Sociales del Estado (ESE).
El ultimátum sindical y la exigencia de pagos
Antes del inicio de las protestas, las organizaciones sindicales vinculadas al centro asistencial remitieron una comunicación formal a la administración del hospital manifestando su rechazo a la suspensión del trámite de pago de las cuentas correspondientes al mes de julio. En el documento, las agremiaciones otorgaron plazo hasta el miércoles 19 de agosto de 2026 para obtener una respuesta "clara, jurídica y favorable" sobre la cancelación de los recursos causados y la garantía de continuidad contractual.
Las organizaciones advirtieron que, de no recibir una solución satisfactoria, adoptarían "medidas de defensa colectiva". Asimismo, señalaron que la aplicación del marco normativo por parte de la directiva no debe traducirse en la interrupción de ingresos para los trabajadores.
En la comunicación dirigida a la administración y a entes de control, las organizaciones firmantes expresaron:
"El Decreto 0661 de 2026, ordena que los contratos sindicales vigentes a la fecha de expedición se mantengan hasta su terminación, mientras la ESE estructura el plan de formalización y los estudios técnicos; no puede utilizarse para desconocer obligaciones causadas, detener pagos ni dejar sin ingresos a cientos de trabajadores que prestan servicios esenciales para la salud de los caucanos".
Entre los voceros y representantes legales de las agremiaciones firmantes figuran dirigentes de entidades como SAIRENA, SIMED, ASOTERAPEUTAS, SITSALUD, ASSICA, ASOMI, SINTRACEMPUH SAN JOSÉ y ASANESCA.
La camisa de fuerza jurídica: ¿Qué dispone el Decreto 0661 de 2026?
El trasfondo de la disputa legal radica en el Decreto 0661 expedido por el Gobierno Nacional el 26 de junio de 2026. La norma adiciona y modifica el Decreto 1072 de 2015 con el objetivo de prevenir la intermediación laboral ilegal y proteger el trabajo decente en el sector salud y otras áreas.
El articulado establece disposiciones de obligatorio cumplimiento para las ESE e IPS públicas:
- Prohibición estricta de prórrogas: El artículo 5 establece que los contratos sindicales vigentes para actividades misionales permanentes se mantendrán únicamente hasta la fecha de su terminación, sin que sea posible su prórroga.
- Planes de formalización: Durante la vigencia de los contratos actuales, las ESE deben estructurar planes de formalización laboral y estudios técnicos junto con el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública para ampliar sus plantas de personal.
- Prohibición de intermediación: Se prohíbe el uso del contrato sindical para encubrir la provisión de personal misional permanente o sustituir empleos requeridos para la prestación ordinaria del servicio de salud.
- Responsabilidad disciplinaria: Los servidores públicos que autoricen o ejecuten contratos sindicales que configuren intermediación ilegal responderán disciplinariamente y sus hallazgos serán trasladados a los entes de control.
- Autonomía y seguridad social: Las organizaciones sindicales contratistas están obligadas a demostrar autonomía técnica, administrativa y financiera, así como garantizar la afiliación y pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral sobre la remuneración real de los afiliados partícipes.
Por su parte, los sindicatos han solicitado formalmente al Gobierno Nacional la derogatoria o revisión urgente de la norma, argumentando que su aplicación sin una ruta concertada pone en riesgo la estabilidad laboral y la continuidad de los servicios asistenciales a partir del 1 de octubre de 2026.
La coyuntura del Hospital Universitario San José refleja la encrucijada del sistema de salud pública en Popayán y el Cauca frente a la transición contractual ordenada a nivel nacional. Mientras el Gobierno Nacional exige erradicar la tercerización e intermediación ilegal en las ESE mediante la formalización de plantas de personal, la transición genera choques operativos inmediatos entre las exigencias presupuestales de los sindicatos contratistas y los controles administrativos que deben surtir las cuentas públicas. La resolución de este conflicto es determinante para garantizar la continuidad en la atención médica de miles de usuarios en la región.
A la espera de un diálogo formal entre las partes y pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades de control, la administración del hospital debe continuar con el trámite de verificación y causación de las cuentas de cobro presentadas. Paralelamente, las ESE públicas del país avanzan contra el tiempo en la elaboración de los estudios técnicos exigidos por el Ministerio del Trabajo y la Función Pública para la reestructuración de sus plantas de personal antes del vencimiento de los contratos vigentes.
Para quienes deseen analizar a fondo la regulación expedida por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud y Protección Social, el texto completo del Decreto 0661 del 26 de junio de 2026 reglamenta el uso del contrato sindical, establece los criterios de inspección para prevenir la intermediación laboral ilegal y fija el mandato de formalización para las Empresas Sociales del Estado. Los ciudadanos, trabajadores e interesados pueden consultar el documento oficial completo para conocer detalladamente el marco legal que rige esta reestructuración en el sector salud.
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