ICBF deja sin validez acuerdos firmados con el CRIC y cuestiona decisiones de su Regional Cauca

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) anunció que no reconocerá los acuerdos consignados en el Acta N.º 11, suscrita los días 27 y 28 de octubre de 2026 entre su Dirección Regional Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), al considerar que las decisiones allí establecidas desconocen las directrices nacionales para la contratación de los servicios de primera infancia.

A través de un pronunciamiento oficial, la entidad señaló que los compromisos adquiridos por la dirección regional excedieron las facultades que le fueron delegadas y, por lo tanto, no generan obligaciones para el ICBF ni podrán ser aplicados.

La controversia gira alrededor de las condiciones para contratar la atención de niños y niñas durante noviembre y diciembre de 2026, especialmente en lo relacionado con la continuidad de los operadores indígenas, los aportes económicos exigidos y las garantías contractuales.

ICBF cuestiona compromisos adquiridos con el CRIC

Según explicó la entidad, desde el pasado 7 de octubre las direcciones nacionales de Primera Infancia y Contratación habían establecido las condiciones que debían cumplir todas las regionales para adelantar los nuevos procesos contractuales.

Sin embargo, el documento firmado en el Cauca habría incorporado compromisos diferentes a los establecidos por el nivel central.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la continuidad de los operadores vinculados al CRIC.

El acta contemplaba mantener determinadas condiciones contractuales aplicadas durante 2026 y avanzar en nuevos contratos para los últimos dos meses del año.

Frente a esto, el ICBF recordó que ninguna organización tiene garantizada automáticamente la renovación de sus contratos por haber prestado anteriormente el servicio.

La entidad explicó que cualquier nueva contratación debe estar respaldada por una evaluación de idoneidad y por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

Polémica por el aporte obligatorio del 2 %

Otro de los puntos que generó diferencias corresponde a la contrapartida económica que deben aportar las organizaciones encargadas de ejecutar los programas de primera infancia.

De acuerdo con las orientaciones nacionales, los operadores deben asumir una contribución equivalente al 2 % del valor correspondiente, la cual puede entregarse en dinero o en especie.

En el caso de las organizaciones indígenas, el ICBF reconoce la posibilidad de definir la naturaleza de estos aportes conforme a sus usos y costumbres, pero aclaró que el porcentaje establecido debe cumplirse en su totalidad.

No obstante, en el acta suscrita con el CRIC se habría establecido que dicho porcentaje tendría carácter referencial y que, para avanzar en los contratos, sería suficiente presentar inicialmente un compromiso de aporte.

Además, se había previsto realizar una nueva reunión el 9 de noviembre para definir los mecanismos mediante los cuales se demostraría el cumplimiento de esta obligación.

Para el ICBF, estas condiciones no ofrecen las garantías necesarias para verificar los recursos comprometidos por los operadores.

Cuestionamientos sobre certificaciones y cumplimiento de contratos

El pronunciamiento también hace referencia a una declaración incluida en el acta, según la cual la Dirección Regional Cauca reconoció que los operadores del CRIC no habían presentado incumplimientos contractuales.

La entidad nacional cuestionó esa afirmación porque, según indicó, fue realizada de manera general, sin identificar contratos específicos, períodos de ejecución o informes de supervisión que permitieran sustentarla.

Asimismo, rechazó que las certificaciones relacionadas con el cumplimiento de las contrapartidas pudieran ser expedidas por las mismas autoridades encargadas de ejecutar los contratos.

El ICBF sostuvo que estas verificaciones corresponden a los supervisores designados, quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las obligaciones y el adecuado manejo de los recursos públicos.

También hubo diferencias por las pólizas de los contratos

La entidad nacional manifestó su desacuerdo con otro de los compromisos incluidos en el documento: la definición de los porcentajes correspondientes a las garantías de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios.

Según explicó, estas condiciones deben establecerse mediante estudios previos y análisis de riesgos realizados por el ICBF, y no a través de acuerdos con las organizaciones interesadas en contratar.

También precisó que las disposiciones relacionadas con el Sistema Educativo Indígena Propio no eliminan las obligaciones establecidas en la legislación de contratación pública.

En ese sentido, señaló que el Decreto Ley 481 de 2025 no autoriza modificar las condiciones de los contratos de aporte ni desconocer las orientaciones nacionales.

Procuraduría advirtió sobre las competencias de la Regional Cauca

El ICBF indicó que durante las reuniones también quedaron consignadas observaciones sobre los límites de las facultades de la dirección regional.

De acuerdo con el pronunciamiento, un delegado de la Procuraduría recordó que las decisiones relacionadas con el Manual de Contratación y la disponibilidad presupuestal corresponden al nivel central de la entidad.

Incluso, el documento suscrito entre las partes reconocía que los compromisos debían ajustarse a las normas superiores y a los procedimientos institucionales.

Por estas razones, el ICBF concluyó que las decisiones adoptadas en el acta no pueden producir efectos jurídicos para la entidad.

¿Qué pasará con la atención de los niños indígenas en el Cauca?

Pese a las diferencias surgidas alrededor de la contratación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que buscará garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a la primera infancia en el departamento.

La entidad manifestó que reconoce la importancia de los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y su participación en los procesos de atención y cuidado de los niños y niñas.

Sin embargo, insistió en que todas las organizaciones que administren recursos públicos deben cumplir las mismas exigencias legales, independientemente de su naturaleza.

El ICBF anunció que la selección de los operadores para noviembre y diciembre se realizará conforme a las orientaciones nacionales y al Manual de Contratación vigente.

La decisión abre un nuevo escenario de diferencias entre la entidad nacional y el CRIC, organización que ha participado en los procesos de atención a la primera infancia indígena en el Cauca.