Indígenas logran que se cumplan la inversión en educación en sus territorios

El domingo 22 de febrero de 2026, se llevó a cabo un encuentro significativo en la Finca El Pital Kwet Ki’na, donde la Gobernación del Cauca, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) alcanzaron un acuerdo crucial para garantizar la atención educativa en los territorios ancestrales de esta región.

Este diálogo, más allá de ser una mera negociación, representa un giro trascendental en la política educativa frente a un contexto marcado por desafíos, resistencia y esperanza, especialmente considerando la lucha de los comuneros contra las dinámicas que buscan reclutar a niños, niñas y adolescentes para los frentes de guerra en el Cauca.

Uno de los puntos centrales de la discusión fue la necesidad de flexibilizar la tasa técnica que tradicionalmente regulaba la asignación de recursos y personal docente en la región. En este sentido, se acordó el nombramiento de 114 dinamizadores pedagógicos, conformados por 112 docentes de aula y dos coordinadores, cuya inclusión es vital ante las particularidades geográficas y sociales del Cauca. Este hecho no solo representa una mejora en la atención educativa, sino que también es un paso decisivo en la lucha para detener la violencia y garantizar un futuro pacífico para la juventud de estas comunidades.

Un logro fundamental de la reunión fue el reconocimiento explícito del Gobierno Nacional respecto a las limitaciones que conlleva aplicar de manera rígida la tasa técnica estándar en zonas azotadas por la violencia y la dispersión geográfica. Esta nueva postura implica una transformación en la mentalidad del MEN, que ratificó la aplicación de las circulares 22 de 2020 y 038 de 2024. Estas circulares permiten establecer una relación docente-estudiante más flexible, adaptándose a las realidades de los territorios indígenas. El reconocimiento por parte del Gobierno de que el Cauca necesita medidas excepcionales debido al reclutamiento forzado y la dispersión de la población marca un hito en la política educativa nacional.

Para dar cumplimiento al acuerdo, se elaboró un calendario preciso que garantiza la expedición de los actos administrativos necesarios para los nombramientos, evitando así que el proceso se prolongue indefinidamente. Según el cronograma acordado, se establecerán fechas clave: el 27 de febrero se expedirá el primer grupo de 25 nombramientos; el 10 de marzo se realizará una tercera emisión de otros 25 actos administrativos; y, finalmente, el 30 de abril se completarán los 64 nombramientos restantes, logrando un total de 114 educadores listos para integrarse a las aulas.

La implementación de este calendario es esencial para asegurar la rápida incorporación de estos dinamizadores pedagógicos, lo cual se traduce en una mejora inmediata en la calidad de la educación que reciben los estudiantes en la región. Sin embargo, el acuerdo no se limitó a la inclusión de los docentes. También se definió un espacio institucional para el 23 de febrero, donde se discutirán recursos destinados a la educación de jóvenes y adultos, así como la propuesta de aumentar la participación en la administración de la canasta educativa del 43% al 55%. La confirmación de este aspecto está programada para el 2 de marzo, lo que resalta la importancia de la gestión local en la formación educativa.

La posibilidad de que las comunidades tengan voz activa en la gestión de los recursos educativos representa un avance significativo hacia el fortalecimiento cultural y social de la región. La transformación de intransigencia técnica en flexibilidad administrativa se erige como un hito relevante en la política educativa del país. La aceptación por parte del Gobierno de que el Cauca requiere medidas excepcionales ante fenómenos como la corrupción y la guerra simboliza un paso hacia la construcción de un sistema educativo más inclusivo y adaptado a las necesidades locales.

Este acuerdo, orientado al bienestar educativo de la población más vulnerable, debe interpretarse como una clave para desactivar tensiones y mejorar la movilidad en la vía Panamericana, que ha sido afectada por medidas de hecho que inciden negativamente en la economía de la región. La reunión, respaldada por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, quienes actuarán como garantes del cumplimiento de los plazos, constituye una base sólida para el avance institucional en pro de una educación equitativa.

En definitiva, la firma del acta por parte del Gobernador Octavio Guzmán y la Ministra de Educación representa un cambio positivo en el suroccidente colombiano, promoviendo no solo una mejor educación, sino también un futuro de paz y desarrollo sostenible para el Cauca. Este acuerdo no solamente es un triunfo del diálogo, sino también una manifestación del deseo de las comunidades de construir un horizonte más luminoso para sus jóvenes y para el país.