Entre la cruz y la gestión: Edwin Muñoz y la deuda de accesibilidad en la Alcaldía de Popayán
Juzgado ordena inspección judicial a la Alcaldía de Popayán por falta de accesibilidad
El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Popayán ordenó una inspección judicial a las instalaciones de la Alcaldía Municipal y de EMTEL S.A. E.S.P. para verificar las condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad, tras una acción de tutela presentada por el ciudadano Carlos Iván Dulce Ramos.
La tutela que encendió las alarmas
El accionante, persona con discapacidad física, solicitó protección de sus derechos fundamentales a la igualdad, dignidad humana, accesibilidad y participación ciudadana, argumentando que la Alcaldía de Popayán, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura y EMTEL S.A. E.S.P. no cuentan con medios adecuados para su desplazamiento o atención.
En su denuncia, advirtió que los ascensores no funcionan de manera continua, las rampas no cumplen con las normas técnicas, y en general, el acceso a los edificios públicos sigue siendo un calvario para quienes tienen movilidad reducida.
El fallo judicial y la diligencia ordenada
El Auto 948 del 7 de octubre de 2025, emitido por el Juzgado Once Penal Municipal con funciones de conocimiento de Popayán, ordenó una inspección judicial en los lugares mencionados. La medida busca comprobar la veracidad de las denuncias y verificar si existen barreras físicas que vulneren los derechos de las personas con discapacidad.
La diligencia se realizará este miércoles 8 de octubre a las 8:30 a. m., con la presencia del alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo o su delegado, y la gerente de EMTEL, Tatiana Iveth Moreno Palacios, quienes deberán facilitar el acceso al personal judicial.
El llamado de atención al Secretario General
En este contexto, todas las miradas apuntan hacia el Secretario General del Municipio, Edwin Muñoz, funcionario encargado de garantizar que los ascensores, rampas, pasillos y accesos estén en óptimas condiciones de funcionamiento y cumplan las normas de accesibilidad universal.
Sin embargo, los hechos evidencian una omisión en su deber funcional. Resulta paradójico que, siendo un hombre profundamente católico, parezca olvidar lo que enseña San Mateo 6:24:
“Nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro.”
Y es que por andar “sirviendo a dos señores”, como dice la Escritura, Muñoz ha descuidado responsabilidades esenciales del cargo, dejando que la accesibilidad de la Alcaldía quede relegada a un segundo plano. Mientras tanto, los ciudadanos en condición de discapacidad siguen enfrentando obstáculos físicos y burocráticos para ejercer su derecho a ser atendidos en igualdad de condiciones.
⚖️ Fundamento jurídico de la decisión
El juez sustentó su decisión en los artículos 86 de la Constitución Política y 22 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), que facultan al juez constitucional para ordenar pruebas de oficio cuando sea necesario verificar hechos que puedan vulnerar derechos fundamentales.
Asimismo, citó la Ley 1618 de 2013 y el Decreto 1538 de 2005, normas que obligan a todas las entidades públicas a garantizar la accesibilidad universal en sus instalaciones, eliminando toda barrera física o arquitectónica que impida la participación plena de las personas con discapacidad.
La jurisprudencia constitucional, especialmente las sentencias T-595 de 2002, T-198 de 2006, T-573 de 2014 y T-191 de 2019, reafirma que la inaccesibilidad física constituye una forma de discriminación estructural, contraria al principio de igualdad consagrado en la Carta Magna.
Este caso evidencia una profunda brecha entre el discurso institucional y la realidad ciudadana.
En pleno 2025, que la Alcaldía de Popayán, máxima autoridad administrativa del municipio, no garantice condiciones básicas de acceso a personas con discapacidad, no solo vulnera derechos, sino que contradice su deber ético, legal y moral de servicio público.
Las personas con movilidad reducida no piden privilegios, exigen respeto, dignidad y cumplimiento de la ley.
La Personería Municipal de Popayán fue notificada para acompañar la diligencia judicial.
El resultado de la inspección determinará si la administración de Juan Carlos Muñoz Bravo y su Secretario General, Edwin Muñoz, deberán implementar ajustes inmediatos para eliminar las barreras físicas y garantizar la inclusión efectiva en el acceso a los servicios públicos.
Información en desarrollo.
Señor Edwin Muñoz: la gestión pública no admite doble lealtad.
O se sirve al ciudadano, o se sirve al interés político.
Esperamos que el alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo haga valer la independencia y el mandato ciudadano que la mayoría de payaneses le confiaron en las urnas, y que continúe realizando los cambios necesarios en su equipo de gobierno para recuperar la dignidad de Popayán. Es momento de gobernar con carácter y coherencia, del lado del pueblo, y no al servicio de los intereses de los concejales privatizadores que tanto daño le han causado a los payaneses.
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