Instauran demanda contra absolución del expresidente y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe
«Respetamos pero no compartimos la decisión mayoritaria de la sala, porque se ignoraron hechos y pruebas sustanciales que, a nuestro modo de ver, apuntan claramente a la responsabilidad de Álvaro Uribe», expresó el senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda sobre el hecho.
Las víctimas acreditadas dentro del proceso penal que se adelanta contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre los años 2002 y 2010, presentaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia una demanda con la que buscan revertir el fallo de segunda instancia que absolvió al exmandatario. La acción judicial fue interpuesta como recurso de casación y pretende que el alto tribunal revise de fondo la decisión que dejó sin efectos la condena inicial.
El recurso apunta directamente contra la sentencia emitida el 21 de octubre de 2025 por el Tribunal Superior de Bogotá, que exoneró a Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Dichos cargos le habían valido, en primera instancia, una condena de 12 años de prisión domiciliaria, impuesta en julio de 2025 por la jueza Sandra Heredia, quien consideró que existían pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal del expresidente.
La defensa de las víctimas, entre las que se encuentra el senador Iván Cepeda, actual candidato presidencial por el Pacto Histórico, confirmó la radicación formal del recurso ante la Corte Suprema de Justicia. El anuncio fue realizado a través de redes sociales por el abogado que representa a las víctimas, quien reiteró su desacuerdo con la absolución dictada en segunda instancia y defendió la necesidad de que el máximo tribunal penal del país examine nuevamente el caso.
Iván Cepeda también se pronunció públicamente sobre la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, señalando que, aunque respetan el fallo, no comparten sus conclusiones. “Respetamos pero no compartimos la decisión mayoritaria de la sala, porque se ignoraron hechos y pruebas sustanciales que, a nuestro modo de ver, apuntan claramente a la responsabilidad de Álvaro Uribe”, expresó el senador, quien ha sido una de las figuras centrales dentro del proceso judicial.
En su fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó de manera total la sentencia condenatoria proferida por la jueza Heredia, absolviendo al exmandatario de todos los cargos. No obstante, la decisión no fue unánime. Una de las tres magistradas que integraron la sala, María Leonor Oviedo, emitió un voto disidente en el que sostuvo que sí existían indicios probatorios suficientes para confirmar la condena original y mantener la responsabilidad penal del expresidente.
Precisamente, esta opinión disidente constituye uno de los pilares centrales del recurso de casación presentado por las víctimas. Según expertos en derecho procesal, el hecho de que exista un salvamento de voto sólido abre la puerta a un análisis más profundo por parte de la Corte Suprema de Justicia, que deberá evaluar tanto los argumentos de la mayoría como los de la magistrada que se apartó del fallo absolutorio.
Juristas consultados han señalado que el estudio de este recurso podría extenderse por varios años, dado el nivel de complejidad jurídica del caso y la cantidad de pruebas, testimonios y decisiones previas que deberán ser revisadas. De acuerdo con estimaciones de especialistas, la Corte Suprema podría tardar hasta cinco años en emitir un pronunciamiento definitivo.
El proceso judicial contra Álvaro Uribe ha despertado una enorme atención tanto a nivel nacional como internacional, siendo catalogado por diversos sectores como el “juicio del siglo” en Colombia, debido a la relevancia política del acusado y a las implicaciones institucionales del caso. La Corte Suprema de Justicia, en su calidad de máxima autoridad penal para aforados en el país, tendrá ahora la última palabra sobre la eventual responsabilidad penal del expresidente.
Mientras se surte este nuevo trámite judicial, el fallo absolutorio de segunda instancia se mantiene vigente. Sin embargo, la presentación del recurso de casación mantiene abierto uno de los procesos más emblemáticos y controvertidos de la historia judicial reciente de Colombia, cuyo desenlace final marcará un precedente clave para la justicia y la institucionalidad del país.