Integrante de la fuerza pública en líos judiciales
El uniformado fue capturado por delito de concusión.
Ante las evidencias recaudadas, un juez penal de Popayán acogió la solicitud de un fiscal de la Unidad de delitos contra la administración pública y dictó medida de aseguramiento contra un subintendente de la Policía Nacional, consistente
en detención preventiva en centro carcelario.
El uniformado fue imputado con cargos como presunto autor material del delito
de concusión.
El uniformado fue denunciado en la Fiscalía por una ciudadana, quien declaró que el 25 de octubre de 2022, estando en la parte externa del santuario de Nuestra Señora de Belén, tomándose unas fotos en compañía de una amiga, fueron abordadas por dos agentes de una patrulla motorizada de la Policía. Ambas mujeres se movilizaban en motocicletas.
Según la denuncia, los agentes les solicitaron a las víctimas los documentos de propiedad de los dos vehículos, quienes tenían vencidos el seguro obligatorio para vehículos (SOAT) y la revision técnico mecánica. Para evitar llamar al personal de la Policía de Tránsito, los policiales les habrían solicitado entregar dinero.
La amiga de la denunciante le habría entregado $150.000 a uno de los agentes, mientras que ella presuntamente le pasó al otro uniformado su teléfono celular con $300.000 dentro del estuche. Ambos servidores se habrían quedado con $450.000 y el celular.
Iniciadas las indagaciones, investigadores de Policía Judicial recaudaron material
probatorio en el sitio de los hechos, tomaron testimonio de testigos del encuentro entre las víctimas y la patrulla de motorizados e individualizaron a los agentes, presuntamente comprometidos en las exigencias económicas.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, capturaron al funcionario cumpliendo una orden emitida por un juez penal municipal.
La otra versión del caso
Mientras tanto, y en medio del proceso, trascendió que las supuestas víctimas no estaban tomándose fotos al momento de ser requeridas por los uniformados, entre ellos el hoy procesado. Las mujeres consumían alucinógenos, delantes de niños y turistas.
"La mujer que supuestamente dio el dinero es una ciudadana que tiene numerosas anotaciones judiciales, así como varios registros por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana, incluso una de ellas tiene tres investigaciones por delitos como intimidación o amenaza con arma de fuego hechiza, hurto calificado y agravado, incluso la justicia colombiana le quitó la custodia de sus hijos", se ventiló en las audiencias judiciales.
Es que medio del proceso también se conoció que la denuncia fue realizada con falsos elementos probatorios, buscando afectar la labor del uniformado, precisamente era quien velaba por la seguridad y tranquilidad del sector de Nuestra Señora de Belén.